Según la Comisión, las reformas no incluyen “un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no presentará acción de inconstitucionalidad por las reformas que traspasan el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ya que que “entiende” la situación de emergencia y excepcionalidad que justifica los cambios.
Con estos argumentos, el órgano constitucional autónomoo -cuya presidenta es María del Rosario Piedra Ibarra- afirma que no impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las recientes reformas y que incluso acompañará los cambios. Además, la CNDH pide al Congreso de la Unión que legisle para adaptar el ejercicio de las Fuerzas Armadas “a los más altos estándares de derechos humanos”.
La CNDH aseguró que la reforma precisa el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en el manejo que ya tenía de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). “Es de mencionar, que nada de esto es nuevo y que incluso históricamente existen antecedentes, que sin detrimento de su carácter civil, han colocado a la Guardia Nacional dentro del encuadramiento militar”, aseguró.
También afirmó que “en México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores. Lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador”.
Asimismo, la CNDH reconoció que el crimen organizado opera en México con capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, lo que constituye una amenaza actual y latente, fenómeno que requiere del uso de la Guardia Nacional bajo la administración de la SEDENA.
“Dicho lo anterior esta Comisión considera que dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible desde el punto de vista de los Derechos Humanos siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado hace unos días, es decir, acorde con los preceptos constitucionales y los estándares internacionales”, señaló.
“La participación de cuerpos castrenses es dable de realizarse, siempre que sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales, las que corresponde tutelar y observar durante el tiempo de vigencia de las reformas legales. De tal suerte que mucho es lo que sigue y queda pendiente, entre otras cosas, supervisar la estrategia del cuerpo policial y en la medida de lo posible participar en su diseño, así como darle seguimiento a su desempeño”, agregó.
Además, para el órgano constitucional autónomo, los escenarios de violencia donde las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales no han podido contener la acción de la delincuencia organizada, es verdaderamente prioritario que la Guardia Nacional intervenga en estricto respeto de los Derechos Humanos.
“La emergencia en materia de combate a la delincuencia y los niveles de violencia que en general implican una alta demanda de respuestas por parte de la población, exigen una actuación inmediata, eficaz y contundente por parte de las instituciones. En todo caso la Comisión tiene claro que en México no hay un mando militar arbitrario”, insistió.
