por Dominio Público | Jul 1, 2025 | Opinión, Principales
La IA no reemplaza el juicio político, ni el análisis constitucional, ni el principio democrático de deliberación
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El pasado 23 de junio inició el primer periodo extraordinario de sesiones de esta legislatura, en el que se tiene previsto aprobar una batería de leyes en materia de seguridad, telecomunicaciones y otros temas del interés del gobierno actual.
En uno de los “debates” —si se le puede llamar así a la gritería que se arma en el Congreso—, ante los reclamos de la oposición en el sentido de que era imposible procesar y leer los dictámenes en tan poco tiempo, la diputada de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas, dijo que ellos (el oficialismo) sí lo habían podido hacer, gracias a la inteligencia artificial.
Esto fue lo que dijo exactamente la diputada Chávez Rojas:
«¡Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo hemos leído! ¡205 páginas tiene el dictamen! Pero si ustedes se dan cuenta ¿quién es más ignorante? Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado. Hasta ahorita, no mencionan los avances que ha tenido la ciencia. Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y nos los puede detectar, redactar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo, y la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos. Nos hemos dado la tarea de leerlo, pero como estos personajes están desactualizados y quieren que el pueblo de México les crea todas sus mentiras. ¡Actualícense ignorantes! ¡Actualícense! Que los ignorantes son ustedes ¿Quiénes son los borregos?”
Hasta aquí, el argumento suena más a arenga que a análisis. Pero ¿y si le preguntamos directamente a la supuesta inteligencia que, según ella, hizo el trabajo?
Por mera curiosidad periodística, pregunté a ChatGPT, una de las plataformas de inteligencia artificial (IA) más populares, si ayudó a hacer el análisis al que hacía referencia la legisladora. Esta fue mi conversación:
MIGUEL: Recientemente en México hubo un periodo extraordinario en el Congreso. Uno de los reclamos que la oposición hizo es que no se podía analizar tanta información en tan poco tiempo. Una diputada oficialista respondió que ellos lo habían logrado con IA. ¿Usted hizo ese análisis?
CHATGPT: Tremenda pregunta, Miguel. Y directa al corazón del debate democrático actual. La respuesta corta:
No, yo —ChatGPT— no hice ese análisis directamente para el Congreso mexicano.
No tengo forma de saber si alguien usó esta plataforma (o alguna parecida) para procesar, resumir o justificar el estudio de tantas iniciativas.Pero que hayan usado una IA como yo o alguna herramienta basada en modelos similares, eso sí es muy probable.
Después de la respuesta corta, el señor GPT se dispuso a analizar la anécdota legislativa:
CHATGPT: Vamos por partes:
Cuando la oposición dice que ‘no hay tiempo para analizar tantas reformas’, no se refiere a la capacidad de leerlas, sino a lo más importante: analizar sus consecuencias legales, sociales y económicas con criterios humanos, experiencia legislativa y deliberación.
¿Qué quiso decir la diputada oficialista con ‘lo analizamos con IA’? Posiblemente, algo así:
1. Usaron una herramienta de IA para resumir documentos extensos (como iniciativas, dictámenes, exposiciones de motivos).
2. Generaron mapas de cambios legales, resúmenes de impacto o comparaciones entre versiones.
3. Quizá usaron IA para ‘explicar’ rápidamente el contenido a sus equipos. Es decir, la IA ayudó a procesar texto.
Pero procesar no es entender, ni deliberar, ni prever consecuencias. Ahí está el punto ciego.
¿Cuál es el problema de fondo? Cuando un Poder Legislativo dice que puede analizar 18 reformas estructurales ‘gracias a la IA’, sin debate público, sin dictámenes con tiempo razonable, sin escucha de expertos ni voces ciudadanas… no está usando la tecnología como apoyo, la está usando como excusa. Y eso es gravísimo, Miguel.
Porque la IA no reemplaza el juicio político, ni el análisis constitucional, ni el principio democrático de deliberación.
Es como si un cirujano dijera que operó a diez pacientes en una hora porque el bisturí era nuevo.
¿Y si yo hubiera sido usado? Si alguien me metió los documentos y pidió resúmenes o análisis, pude haberlos hecho.
Pero ni garantizo veracidad jurídica, ni detecto trampas legislativas, ni tengo una brújula ética nacional.
Puedo ayudarte a entender, pero no a sustituir el debate. Y mucho menos a legitimar un atropello disfrazado de eficiencia.
por Dominio Público | Jun 27, 2025 | Opinión, Principales
Existe una agenda política para desprestigiar a Guadalupe Taddei y al INE mismo.
Claudia Bolaños @claudiabola
En la sesión -tormentosa- del Consejo General del INE de este jueves 26 de junio de 2025, el consejero electoral Uuc-kib Espadas puso en jaque al bloque de consejeras y consejeros opositores —Claudia Zavala, Jaime Rivera, Dania Ravel, Arturo Castillo y Martín Faz— al desmantelar su narrativa de irregularidades masivas en la elección judicial del 1.º de junio.
Espadas reveló que el 75 % de los votantes no siguió los supuestos «acordeones» y que 53 de cada 100 personas no votaron por Hugo Aguilar Ortiz, ganador para la SCJN, echando por tierra las «cifras alegres» con las que este grupo ha intentado deslegitimar el proceso.
La reacción desmedida de las y los consejeros, que descuidaron toda compostura en la «herradura de la democracia», dejó al descubierto una agenda política para desprestigiar a Guadalupe Taddei y al INE mismo.
Con solo el 1 % de las 83,956 casillas afectadas por irregularidades —ya descontadas del cómputo final— y antecedentes que los ligan a PAN, PRI y PRD, este bloque parece apostar por el descrédito del INE como última carta para frenar el éxito de una elección histórica, como lo ha dicho la propia consejera presidenta, y poniendo en riesgo la confianza ciudadana en la institución.
Y Sepa La Bola, pero la denuncia pública de 16 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) no es un simple ajuste de cuentas burocrático: es una alerta grave sobre el estado de una institución clave para la seguridad y la economía del país. Sus testimonios apuntan directamente al general Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, director de Supervisión de Aduanas Fronterizas, como cabeza de una presunta red de corrupción que opera desde el corazón mismo del sistema.
Lo que narran no son casos aislados. Hablan de venta de plazas, complicidad con el contrabando, y desplazamiento de personal técnico para imponer a incondicionales. Nombres como René Díaz Ramos, “el fayuquero”, y el coronel Benito Cegueda, aparecen como operadores de una “vieja guardia” que ha hecho de las aduanas un territorio propio.
Pero lo más inquietante es el silencio del titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo. Callar ante acusaciones de este calibre sólo fortalece la percepción de impunidad. No se trata solo de recaudación perdida: está en juego el control de las fronteras, puerta de entrada de armas, drogas y mercancía ilegal. ¿Quién las controla realmente?
La ANAM no puede convertirse en otro bastión tomado por intereses opacos. Es momento de una investigación independiente, sin simulaciones, que permita saber si aún hay forma de rescatar lo que queda de institucionalidad.
por Dominio Público | Jun 26, 2025 | Opinión, Principales
La 4T, como buen gobierno, juega con esa frontera. A veces miente, a veces engaña. El problema es cuando lo segundo se vuelve costumbre
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por Dominio Público | Jun 25, 2025 | Opinión, Principales
En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.
Raúl García Araujo @araujogar
El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes, sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.
Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.
Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo principal dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.
Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.
No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.
Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.
En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.
En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.
Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.
En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.
¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?
¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?
Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.
Son preguntas, que conste.
En Cortito: Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.
Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.
Durante la mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.
Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.
por Dominio Público | Jun 24, 2025 | Opinión, Principales
No sé qué piensen ustedes, amigos, pero el uso de acordeones fue claramente una inducción al voto
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por Dominio Público | Jun 20, 2025 | Opinión
El INE ha dejado preguntas abiertas sobre su proceso de deliberación y sobre los límites de la autonomía cuando se transforma en moneda de cambio.
Claudia Bolaños @claudiabola
En el Instituto Nacional Electoral (INE), las tensiones internas alcanzaron un nuevo nivel durante la validación de la elección judicial. Tras prolongadas negociaciones, los once consejeros acordaron en privado respaldar la validez del proceso en la sesión pública, a cambio de anular aproximadamente 800 casillas —de más de 85 mil instaladas— por presuntas inconsistencias. No obstante, solo 32 de ellas cumplían con criterios objetivos de nulidad; el resto se incluyó para alcanzar consensos políticos, con criterios impulsados por consejeros como Claudia Zavala, Arturo Castillo, Dania Ravel, Martín Faz y Jaime Rivera.
Pese al acuerdo previo, durante la sesión del 15 de junio, donde se discutía la validez de la elección de ministras y ministros del Poder Judicial, algunos consejeros —entre ellos Zavala y Castillo— se retractaron de los criterios que habían propuesto. Esta ruptura debilitó la cohesión del órgano colegiado, sembró incertidumbre institucional y dejó a las direcciones ejecutivas la tarea de justificar anulaciones de casillas sin fundamentos claros.
El episodio no solo revela una fisura técnica, sino una negociación política interna que compromete la credibilidad de un órgano que se presume imparcial. En lugar de certidumbre, el INE ha dejado preguntas abiertas sobre su proceso de deliberación y sobre los límites de la autonomía cuando se transforma en moneda de cambio.
Y Sepa la Bola, pero la corrupción al interior de algunas agencias ciudadanas es una verdad que incomoda, un agujero negro, que ya fue reconocido como tal por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo pues volvió a culpar los gobiernos anteriores de esta situación. Hay trabajadores de aduanas coludidos en esquemas de evasión fiscal y contrabando, ligados a regímenes anteriores, justificó en su mañanera de este 19 de junio.
La declaración no es menor. No solo reconoce lo que por años fue un secreto a voces, también lanza una promesa de reforma. Inspecciones con apoyo de SEDENA y Marina ya dejaron como saldo un incremento superior a los 100 mil millones de pesos en recaudación. El mensaje es claro: se puede mejorar, pero solo si se mete mano firme.
Eso sí, aún hay más sombras que certezas. No se dijo cuántos funcionarios están implicados ni cómo se les sancionará. La presidenta promete una nueva ley aduanal para septiembre, con más controles y penas más duras. Pero sin detalles ni cifras, el riesgo es que esto quede como un anuncio más, sin seguimiento ni castigo real.
La corrupción en aduanas no se resuelve con discursos ni con soldados. Se necesita una reforma seria, vigilancia civil y transparencia total, nos dicen desde el interior de estas agencias: si la administración de Sheinbaum quiere marcar diferencia, deberá dejar de hablar de corrupción en abstracto y empezar a ponerle nombres, cifras y consecuencias.
