El próximo proceso electoral no debe convertirse en una oportunidad para que el crimen organizado vuelva a infiltrarse en las instituciones mediante candidaturas.
Las autoridades electorales, las instituciones de procuración de justicia y los partidos políticos tienen una responsabilidad fundamental en el próximo proceso electoral de Zacatecas: impedir que personas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado sean postuladas a cargos de elección popular y utilicen las instituciones públicas para proteger intereses criminales.
El caso del exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, representa un antecedente que obliga a encender las alertas y reforzar los mecanismos de revisión de quienes pretendan competir por un cargo público en la entidad.
Jáuregui Muñoz se encuentra detenido y es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto brazo ejecutor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de ser identificado como hombre cercano y mano derecha de Gerardo González Ramírez, alias «El Geras», quien es buscado por las fuerzas federales.

El historial del exedil ya estaba marcado por investigaciones judiciales. En octubre de 2024 fue desaforado, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas solicitara retirar su fuero por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa.
Después de permanecer prófugo, en julio de 2025 fue detenido junto con otras personas señaladas como presuntos integrantes del CJNG.
A este caso se suman los señalamientos que surgieron durante las elecciones de 2024, cuando habitantes denunciaron el robo de boletas electorales y una presunta intervención de grupos criminales para favorecer la candidatura de Jáuregui Muñoz.

Ante estos antecedentes, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y las dirigencias de los partidos políticos no pueden permanecer al margen. Cada institución, desde sus respectivas atribuciones, tiene la obligación de actuar con responsabilidad, revisar los perfiles de quienes busquen una candidatura y atender oportunamente cualquier señalamiento sustentado sobre posibles vínculos con organizaciones criminales.
El próximo proceso electoral no debe convertirse en una oportunidad para que el crimen organizado vuelva a infiltrarse en las instituciones mediante candidaturas. Lo ocurrido en Apulco debe servir como una advertencia: la selección de candidatos exige controles, investigaciones y decisiones firmes para garantizar que quienes aspiren a gobernar o representar a los zacatecanos tengan plena legitimidad y no estén al servicio de intereses delictivos.






