La oposición recordó que México está en falta ante el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la derogación de la prisión preventiva oficiosa por violar los derechos de los justiciables
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, el cual amplía el catálogo de delitos en los que obligatoriamente se debe imponer la medida cautelar.
Con 26 votos a favor, 14 en contra, la mayoría encabezada por Morena y sus aliados votaron por modificar el artículo 19 de la Constitución.
De esta manera, delitos como la extorsión; narcomenudeo y producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas, como el fentanilo; delitos de defraudación fiscal y la emisión ilícita de comprobantes para combatir a las llamadas “factureras”, se encaminan a ser parte de esta medida cautelar.
Cabe señalar que desde hace más de un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró que el Estado mexicano viola los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial al aplicar medidas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, por lo que llamó a nuestro país a modificar los ordenamientos legales para eliminar dichas medidas cautelares.
No obstante, las y los diputados de esta comisión no sólo no eliminan esta medida, sino que la ampliaron bajo el argumento de que el contexto delictivo lo hace necesario, pero con la promesa de que en un futuro será modificada.
Durante la discusión, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) recordó que datos oficiales indican que en 2023 había 38,000 personas encarceladas sin sentencia y se estima que 20% de los detenidos son inocentes.
Por otro lado, con 34 votos a favor y dos en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales también avanzó por prohibir la producción y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.
