Buena práctica, reconocimiento de la deuda histórica y violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado
El Gobierno de México, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, ha adoptado la vía de solución amistosa como herramienta para dar fin a procesos contenciosos, apuntando a la generación de medidas de no repetición y, sobre todo, de políticas que buscan una reconstrucción del tejido social.
En su Informe Anual 2020, la CIDH reconoció a México por avanzar en la implementación total de acuerdos de solución amistosa, en las que se incluyen componentes de satisfacción, restitución, rehabilitación, compensación y no repetición, y, observó que fue el segundo país del continente americano con mayores niveles de avance en la implementación de medidas previstas en tales acuerdos.
Asimismo, reconoce al Estado por su disposición de diálogo con las víctimas y sus representantes “para encontrar conjuntamente fórmulas para la reparación […] de manera ajustada a sus necesidades e intereses por la vía de la solución amistosa”.
En el contexto de la pandemia COVID 19, la CIDH señaló como buena práctica la transmisión virtual del acto de reconocimiento de responsabilidad en el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros “Masacre de Acteal”.
Sin menoscabo de lo anterior, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, encargada de la coordinación del seguimiento y cumplimiento de los asuntos ante organismos internacionales, reconoce que existen grandes retos y asume el llamado de la CIDH, a fin de impulsar el cumplimiento de las medidas de reparación, particularmente las relacionadas con temas de justicia.
El Gobierno de México reconoció que la transformación de la vida pública del país solamente será posible mediante la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, por ello continuará trabajando para combatir las causas estructurales que se han traducido en violaciones a derechos humanos en nuestro país.
Dentro del marco del Acuerdo de Solución Amistosa del caso Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suscrito el pasado 3 de Septiembre de 2020, el estado mexicano asumió responsabilidad por Acción y Omisión, por lo que para el esclarecimiento de la verdad se va designar expertos para que analicen el expediente conformado del caso 12.790, el resultado de la investigación se enviará a la Fiscalía General de la Republica, lo que abre la posibilidad para que los autores intelectuales sean llevados ante la justicia por su responsabilidad en la masacre.
