por Dominio Público | Nov 12, 2025 | Nacional, Principales
El pasado 8 de noviembre, el periódico Reforma informó que personal de la Secretaría del Trabajo acudió a sus oficinas para realizar una inspección “extraordinaria”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que exista una campaña del gobierno federal en contra de medios de comunicación tras las inspecciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó recientemente en las instalaciones de distintos grupos empresariales, entre ellos Reforma y TV Azteca.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que dichas visitas corresponden a revisiones de carácter rutinario que la dependencia lleva a cabo de manera regular en todo tipo de empresas, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y las condiciones de seguridad en el trabajo.
“Son inspecciones que se hacen a cualquier empresa, siempre con el objetivo de garantizar derechos laborales y revisar temas como la subcontratación, para evitar que las personas sean contratadas de forma ilegal. No tiene nada que ver con alguna nota o con una respuesta del gobierno hacia los medios”, aclaró Sheinbaum.
El pasado 8 de noviembre, el periódico Reforma informó que personal de la Secretaría del Trabajo acudió a sus oficinas para realizar una inspección “extraordinaria”, un día después de haber publicado la nota titulada “¿Y la seguridad?”, en la que se cuestionó la vulnerabilidad de la presidenta tras un incidente público.
Por su parte, TV Azteca denunció que la presencia de inspectores de la STPS en sus instalaciones formaba parte de “una ofensiva contra la libertad de prensa y expresión”, al considerar la revisión como “dolosa y perfectamente planeada”.
Sheinbaum descartó estas acusaciones y reiteró que las inspecciones forman parte de los procedimientos habituales de la Secretaría del Trabajo, sin motivaciones políticas ni vínculos con las publicaciones de los medios. “Son visitas de verificación que se hacen en todo el país, no hay ninguna campaña contra nadie”, enfatizó.
por Dominio Público | Nov 12, 2025 | Nacional, Principales
Destacó que la investigación contó con cooperación internacional, principalmente con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que un trabajo conjunto de investigación y análisis financiero permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con operaciones presuntamente utilizadas para lavado de dinero en ocho entidades del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con el funcionario, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, identificó patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero nacional.
Durante varios meses se analizaron casinos físicos y plataformas digitales, un sector que por el uso intensivo de efectivo y transacciones en línea presenta alto riesgo en materia de lavado de dinero.
La Procuraduría Fiscal de la Federación revisó posibles delitos fiscales y evasión tributaria, mientras que la UIF integró reportes financieros y detectó redes económicas vinculadas a actividades ilícitas.
García Harfuch destacó que la investigación contó con cooperación internacional, principalmente con FinCEN y OFAC, agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió intercambiar información financiera y fortalecer la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre los hallazgos se identificaron tres modalidades principales:
-Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, con dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
-Flujos internacionales no justificados, con grandes transferencias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
-Plataformas digitales no supervisadas, con pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de regulación nacional.
Derivado de la investigación, el Gobierno federal inició diversas acciones:
-Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
-Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
-Suspensión temporal de actividades de casinos físicos.
-Bloqueo de páginas electrónicas operadas como casinos virtuales.
-Vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales.
El titular de Seguridad señaló que, tras esta etapa, el Estado mexicano desarrollará mecanismos de detección temprana, modelos predictivos con inteligencia artificial y nuevas tipologías para anticipar conductas financieras irregulares.
“Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, afirmó.
por Dominio Público | Nov 12, 2025 | Opinión, Principales
El silencio municipal y estatal no es casual: es complicidad por omisión, es cálculo político, es la apuesta por esconder la realidad con estadísticas mientras la gente sigue desapareciendo.
Raúl García Araujo @araujogar
Teocaltiche volvió a demostrar que la brecha entre el discurso oficial y la realidad es abismal.
Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, utilizó su Primer Informe de Gobierno para presumir disminución de delitos, coordinación con fuerzas federales y recursos “históricos” para atender desaparecidos, el municipio vive un escenario completamente distinto: miedo permanente, desapariciones constantes y autoridades que parecen rebasadas o deliberadamente silenciosas.
La presidenta municipal, Margarita Villalobos, no solo evita reconocer el tamaño de la crisis, sino que se ha convertido en observadora pasiva de la violencia, incluso en medio de las fiestas de octubre, cuando el municipio recibe visitantes y debería garantizar seguridad mínima.
El silencio municipal y estatal no es casual: es complicidad por omisión, es cálculo político, es la apuesta por esconder la realidad con estadísticas mientras la gente sigue desapareciendo.
El mismo día del informe, dos hombres —un adulto y un adolescente originarios de Zacatecas— fueron asesinados a balazos mientras instalaban juegos mecánicos en la colonia Juárez. Un tercero resultó herido. El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, a un costado del Río Teocaltiche. La violencia no esperó a que terminara el discurso.
Pero la tragedia no se resume en un solo episodio. Teocaltiche enfrenta una ola creciente de desapariciones que el portal Dominio Público Noticias documenta caso por caso, mientras el gobierno intenta minimizar la crisis. Habitantes reportan levantones, sujetos armados en camionetas blindadas y saqueos de viviendas.
La desaparición más reciente fue la de un hombre que viajaba regularmente a Estados Unidos y que fue privado de la libertad por un comando que también vació su casa en la colonia El Barrio.
Y apenas este domingo, en pleno centro del municipio, una adolescente de 16 años, fue obligada a subir a un vehículo por al menos cuatro sujetos armados con chalecos tácticos con las siglas del CJNG, justo frente al área donde se estacionan las patrullas municipales y estatales, mientras cientos de personas acudían a la Feria 2025.
La autoridad municipal no ha exigido reforzar operativos, no ha alzado la voz, ni siquiera ha dado la cara. Es la política del silencio, del “no pasa nada”, de la indiferencia por encima de la gente.
Lemus prometió pacificar Teocaltiche en 45 días. No lo hizo. No hay resultados, no hay estrategia y no hay presencia real del Estado.
Si el gobernador está más preocupado por defender su narrativa que por defender a la ciudadanía, entonces ha renunciado a gobernar uno de los municipios más heridos por el crimen organizado.
Y si la presidenta municipal no puede garantizar seguridad ni siquiera durante la feria, con la policía a metros de distancia de un levantón, entonces Teocaltiche está bajo un vacío de poder que nadie quiere reconocer.
La violencia no se tapa con discursos. Las desapariciones no se borran con estadísticas. Teocaltiche exige gobierno. Y cada día sin respuesta política, la realidad termina escribiendo un informe distinto: uno con muertos, desaparecidos y comunidades abandonadas.
En Cortito: Nos cuenta que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, tomó una posición política que pocas autoridades municipales se atreven a asumir: puso a las víctimas al centro del trabajo público.
Su presencia en el 4to. Informe de Actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV) no fue un acto social ni de cortesía, sino una afirmación de que el municipio decidió coordinarse con el Estado para atender a quienes fueron vulnerados en sus derechos.
Urióstegui reconoció el trabajo que encabeza Penélope Picazo Hernández, pero además recordó un dato clave: Cuernavaca se integró al Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Eso significa que hoy cualquier persona afectada puede ser canalizada a servicios jurídicos, psicológicos, económicos o de prevención sin burocracia ni simulación. El municipio dejó de actuar solo y se incorporó a una red estatal que sí opera y sí entrega resultados.
Acompañado de su esposa, Luz María Zagal Guzmán, presidenta del DIF municipal, así como integrantes del Cabildo y Gabinete, el edil delimitó su postura: su administración no dará pasos atrás en la defensa de los derechos humanos. Las víctimas son prioridad y la justicia será una obligación, no una promesa.
