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Como parte del procedimiento, la Comisión Anticorrupción ordenó la comparecencia del gobernador para el 23 de junio de 2026 a las 16:00 horas

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, aprobó iniciar el procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y le notificó que deberá comparecer para responder a las acusaciones de presunto peculado y desvío de recursos públicos.

Se le acusa de haber triangulado más de 2 mil millones de pesos del erario hacia despachos y empresas vinculadas con su entorno familiar. La resolución, adoptada en sesión extraordinaria, pasará al pleno del Poder Legislativo local para continuar su trámite.

La votación resultó en seis sufragios a favor, emitidos por legisladores de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN y una sola integrante de Morena, frente a un voto en contra por parte de la representante de Movimiento Ciudadano.

Como parte del procedimiento, la Comisión Anticorrupción ordenó la comparecencia del gobernador para el 23 de junio de 2026 a las 16:00 horas. Armida Serrato, diputada del PRI y presidenta de la Comisión Anticorrupción, señaló que García Sepúlveda puede acudir de forma presencial o a través de su defensa jurídica para presentar sus alegatos y pruebas a favor.

Para que la declaración de procedencia sea aprobada de manera definitiva en el pleno, se requerirá el voto favorable de al menos 28 de los 42 diputados locales que integran el Congreso de Nuevo León. En un escenario en el que los nueve diputados de Morena votaran a favor y recibieran el respaldo de legisladores del PAN, PRI, PRD e Independiente, podrían reunirse 31 votos, suficientes para aprobar la destitución del gobernador.

Esta es la cuarta petición de juicio político que el Congreso estatal promueve contra García Sepúlveda; el primero se promovió en 2022 cuando no presentó en tiempo el Paquete Fiscal 2023 y fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró que el juicio era totalmente válido, pero el Legislativo no tiene la facultad para destituirlo de su cargo. Sin embargo, obligó al mandatario a presentar el Presupuesto.