Productos irregulares se comercializan como el tratamiento para COVID-19 aprobado la semana anterior
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alerta sobre la comercialización ilegal del medicamento molnupirvir, aprobado el 7 de enero de este año para uso de emergencia como tratamiento a pacientes con COVID-19.
En un comunicado Cofepris informa que ha recibido denuncias sanitarias sobre productos irregulares que se comercializan ostentados como molnupiravir, por lo que recuerda que la autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada, el medicamento requiere prescripción médica y no puede ser comercializado.
A continuación, se muestran dos de los productos que se detectó se comercializan de manera irregular en nuestro país:
MPIRAVIR, del laboratorio Merit, en presentación de caja blanca con verde y líneas amarillas. Ostenta la fecha de caducidad de octubre de 2023 y contiene 40 cápsulas de 200 mg.
MOLAZ, del laboratorio Azista, en caja blanca con líneas naranjas y moradas; contiene cápsulas de 200 mg y 40 cápsulas; se ofrece como un producto de venta libre.
Cofepris informa que no cuenta con solicitudes de registro autorización de estos dos productos, por lo cual la autoridad desconoce sus condiciones de fabricación y los componentes; cualquier producto ostentado como molnupiravir que se oferte en libre venta es considerado un riesgo a la salud de la persona consumidora por ser de dudosa procedencia. Se invita a las personas a no dejarse engañar ni arriesgar su salud adquiriendo de manera ilegal este tipo de productos.
En México se realizan operativos de vigilancia sanitaria para localizar y asegurar productos irregulares, atendiendo reportes como los mencionados. En caso de identificar la venta de dudosa procedencia, Cofepris pone a disposición la página gob.mx/cofepris para realizar una denuncia sanitaria; información como ubicación o datos de contacto coadyuvan a lograr una acción regulatoria más expedita y efectiva.
Esta comisión mantiene acciones de vigilancia para evitar que productos, empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria vigente y asegurar que no representen riesgo a la salud de la población.
