El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), consideró como ataques a la libre expresión, los dichos del alcalde
El alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, arremetió contra los empresarios que participaron en la marcha contra las modificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE) el domingo 26 de febrero, donde participaron alrededor de 2 mil personas.
El alcalde advirtió en una entrevista que contaba con una lista de varios empresarios que supuestamente llegan y le piden: “…Armando, ayúdanos a rebajar el predial”, “Oye, tenemos un problemita”, y que en la primera marchita “de la ternurita”, ahí están asomando la cabeza”.
Y advirtió, “ojalá y tengan todos sus permisos, porque para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta”.
En respuesta a las declaraciones del presidente municipal, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), consideró como ataques a la libre expresión y manifestación de las ideas.
El Alcalde de Ensenada, @ArmandoAyalaRob, ex aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Baja California, amenaza abiertamente a los empresarios que participaron en la marcha en defensa del INE 👇 pic.twitter.com/2UVHL3uw9i
— Salvador García Soto (@SGarciaSoto) March 2, 2023
Orlando Fabiel López Acosta, dirigente del organismo empresarial, dijo que lo expresado por el alcalde en una entrevista radiofónica es el reflejo de la falta de respeto y buen trato a quienes crean empleo, desarrollo económico, pagan impuestos y hacen posible que él tenga un sueldo y toda la burocracia de su gobierno.
“Pedimos al presidente municipal que sea respetuoso de la ley, y que no haga amenazas tratando de intimidar a los empresarios con acciones autoritarias y manipuladoras desde el poder que le otorgaron los ciudadanos para ejercer un buen gobierno, no para cometer abusos por revanchas políticas en contra de quienes no piensan como él o su partido”, dijo el dirigente.
La marcha, aseveró López Acosta, fue en ejercicio ciudadano al amparo de los derechos y garantías que les otorga la Constitución General de la República y ningún gobernante puede contravenir la ley máxima del país, ni mucho menos ejercer el poder para conculcar las libertades.
