La gobernadora encabeza la decisión política de romper con las viejas formas de ejercer el poder, mientras su secretario general de Gobierno tiene la responsabilidad de construir los nuevos equilibrios que permitan consolidar esa ruptura.
Raúl García Araujo @araujogar
Hay una definición de Horacio Duarte que explica buena parte del cambio de poder en el Estado de México: “se acabó la feudalización del territorio”.
No es una frase de discurso, sino la síntesis de una estrategia política que comparte plenamente con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para terminar con las parcelas de influencia, los cacicazgos y los grupos que durante décadas gobernaron regiones completas bajo sus propias reglas.
El secretario general de Gobierno sostiene que durante años la entidad funcionó mediante equilibrios entre organizaciones, liderazgos locales y redes de poder, donde tocar a uno podía significar desestabilizar todo el sistema.
Por eso, muchos conflictos terminaban administrándose políticamente en lugar de resolverse con la aplicación de la ley. Hoy, esa lógica está siendo desmontada desde el gobierno estatal.
La ruptura con ese modelo quedó plasmada en la Operación Enjambre, una ofensiva de alto impacto ejecutada de manera quirúrgica contra redes en las que fueron involucrados exalcaldes, mandos policiacos y servidores públicos señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales o actos de corrupción.
El mensaje político fue contundente: un cargo público no puede convertirse en escudo de protección.
Los resultados fueron de tal magnitud que la estrategia mexiquense trascendió las fronteras del estado.
El gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezado por Omar García Harfuch, ha retomado acciones con una lógica similar contra autoridades municipales y funcionarios en distintas entidades del país.
Lo que comenzó en el Estado de México terminó colocando a Enjambre como una referencia dentro de la estrategia nacional de seguridad.
A la par, la Operación Restitución abrió otro frente de enorme contenido político: recuperar inmuebles despojados y golpear a las organizaciones dedicadas a la ocupación ilegal de propiedades.
No se trata únicamente de recuperar casas, terrenos o locales comerciales; se trata de quitar capacidad de operación a quienes durante años convirtieron el despojo en una actividad sostenida por complicidades y redes de poder.
Ambas operaciones persiguen delitos distintos, pero comparten una misma lógica de gobierno: en el Estado de México no debe existir ningún grupo, organización, cacicazgo o servidor público considerado intocable.
Enjambre enfrenta redes de complicidad y Restitución golpea las estructuras del despojo. Son dos frentes de una misma decisión política: recuperar el control del territorio.
Es justamente una de las ideas que Horacio Duarte ha defendido al hablar de romper prácticas ilegales y desmontar las viejas redes de poder.
El objetivo no es únicamente castigar responsables, sino desarticular los mecanismos políticos que durante años permitieron su permanencia y que hicieron posible que determinados grupos se sintieran con capacidad para desafiar a las instituciones.
A una semana del Tercer Informe de Gobierno, esa es una de las principales cartas políticas de Delfina Gómez Álvarez.
Más allá de obras y programas sociales, la gobernadora tendrá la oportunidad de mostrar que su administración modificó la relación entre el poder y la impunidad, colocando al Estado por encima de los intereses que durante años dominaron territorios completos.
Y ahí aparece con mayor claridad la sinergia entre Delfina Gómez y Horacio Duarte.
La gobernadora encabeza la decisión política de romper con las viejas formas de ejercer el poder, mientras su secretario general de Gobierno tiene la responsabilidad de construir los nuevos equilibrios que permitan consolidar esa ruptura. No se trata de sustituir un feudo por otro, sino de impedir que los feudos vuelvan a existir.
Delfina Gómez ha dejado claro que el poder político en el Estado de México no puede seguir funcionando con territorios reservados, acuerdos bajo la mesa ni personajes protegidos por su influencia.
La ejecución de operaciones de alto impacto demuestra que la apuesta no está en administrar los viejos equilibrios, sino en modificarlos desde sus raíces.
Al final, el verdadero legado político de Delfina Gómez será haber cambiado las reglas con las que se ejerce el poder en el Estado de México.
Y en esa tarea, Horacio Duarte es el arquitecto político de una estrategia que busca que la caída de los viejos feudos sea también el principio de una nueva gobernabilidad.
Ahí estará la verdadera dimensión política de este proyecto: que en el Estado de México se termine de entender que el poder no tiene dueños, que los territorios no tienen propietarios políticos y que ningún grupo puede estar por encima de las instituciones.
En Cortito: Nos cuentan que mientras Morena sigue retrasando la definición de quién encabezará su proyecto para Cuernavaca, en Acción Nacional las piezas ya comenzaron a moverse con mayor claridad.
José Luis Urióstegui Salgado y el diputado Daniel Martínez Terrazas están perfectamente alineados en un proyecto político de continuidad, con presencia territorial, trabajo cercano con las colonias y una agenda que se construye día con día.
Nos dicen que para el PAN Cuernavaca no es una plaza más: es su principal bastión político en Morelos y no están dispuestos a cederlo.
Por eso, Urióstegui Salgado ha construido durante sus gobiernos una plataforma sustentada en finanzas sanas, obra pública y atención directa a la población, mientras Martínez Terrazas ha mantenido una coordinación permanente con el Ayuntamiento y con liderazgos ciudadanos.
Y ahí está precisamente la diferencia: mientras Morena todavía tiene que ponerse de acuerdo entre sus aspirantes y esperar el resultado de una encuesta, Urióstegui Salgado y Martínez Terrazas ya trabajan sobre una ruta política definida.
No están esperando a que llegue el momento electoral; están construyendo desde ahora el escenario de continuidad.
Mientras tanto, el presidente municipal no deja de trabajar ni de mirar hacia adelante.
En su agenda, el 2027 ya aparece como un horizonte político, pero también como una oportunidad para consolidar el trabajo realizado y mantener en marcha un proyecto que, nos dicen, busca seguir dando resultados para Cuernavaca.
