La reacción natural y correcta es rechazar que un gobierno extranjero “certifique” o condicione a México.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.
Con esas palabras cerró la presidenta Claudia Sheinbaum su discurso en el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre. La mandataria reafirmó lo que cualquier gobierno mexicano debería decir sin titubeos: la soberanía no se negocia, no se subordina y no se vende.
De manera casi simultánea se conoció el documento que el presidente Donald Trump envió al Congreso de Estados Unidos: la “Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027”.
En el texto, la Casa Blanca reconoce los avances del gobierno de Sheinbaum: mayores decomisos, desmantelamiento de laboratorios clandestinos, despliegue de fuerzas en la frontera y la cooperación que contribuyó a la caída de líderes como “El Mencho”.
Pero, a renglón seguido, exige más: reforzar la integridad de las cadenas de suministro, aumentar las inspecciones en puertos de entrada, incrementar la inversión en las fuerzas de seguridad y, de manera explícita, “exponer, arrestar y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y sido cómplices de los cárteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
La reacción natural y correcta es rechazar que un gobierno extranjero “certifique” o condicione a México. Ningún país soberano debería aceptar que otro le dicte quién debe ser investigado o procesado. Esa es una línea roja que hay que defender.
Pero la soberanía no se agota en el discurso frente al exterior. También se construye, o se debilita, hacia adentro. Y aquí es donde la reflexión se vuelve incómoda.
Sí, no podemos permitir que Estados Unidos nos “certifique”. Pero internamente, el gobierno mexicano debe hacer más para combatir al crimen organizado, exactamente como debieron hacerlo los gobiernos anteriores.
La violencia, la corrupción y la infiltración de los cárteles en las instituciones no empezaron en 2024 ni en 2018. Son problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas y que ningún gobierno ha enfrentado con la contundencia necesaria.
Pero hay algo que me llama la atención de la 4T: la doble moral.
Cuando se trata de adversarios políticos o de figuras de administraciones pasadas, muchos celebran, o al menos callan, cuando la justicia estadounidense los señala, los indaga o incluso los acusa, como ocurrió con Genaro García Luna.
En cambio, cuando las sospechas o las investigaciones apuntan a correligionarios, de inmediato se exigen “pruebas irrefutables”, se habla de injerencia y se apela a la soberanía como escudo.
Esa selectividad debilita el argumento soberano. La defensa de la independencia nacional pierde fuerza cuando se utiliza de manera partidista.
México no será colonia ni protectorado de nadie. Esa es una afirmación correcta y necesaria.
Pero la verdadera soberanía también exige que el Estado mexicano limpie su propia casa, procese a los funcionarios corruptos sin importar el color de su partido y demuestre, con hechos y no solo con discursos, que es capaz de proteger a sus ciudadanos sin necesidad de que nadie desde el exterior se lo recuerde.
