Una decisión que la Presidenta tomó desde el inicio de su mandato: rodearse de perfiles con experiencia operativa, capacidad de ejecución y amplio conocimiento de las estructuras de seguridad del país.
Raúl García Araujo @araujogar
La seguridad pública suele ser el examen más complejo para cualquier gobierno. No admite discursos prolongados ni explicaciones interminables.
Los ciudadanos evalúan los resultados en función de una realidad concreta: si la violencia disminuye, si las instituciones recuperan espacios y si el Estado demuestra capacidad para enfrentar a quienes desafían la ley.
Bajo esa lógica, los resultados que presenta la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum comienzan a adquirir una relevancia política indiscutible.
La reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 representa mucho más que una cifra alentadora.
Refleja la consolidación de una estrategia que ha privilegiado la coordinación, la inteligencia y la operación permanente sobre la improvisación. En un tema históricamente utilizado para desgastar gobiernos, los indicadores empiezan a convertirse en uno de los principales activos políticos de la actual administración.
Buena parte de esos avances encuentra explicación en una decisión que la Presidenta tomó desde el inicio de su mandato: rodearse de perfiles con experiencia operativa, capacidad de ejecución y amplio conocimiento de las estructuras de seguridad del país.
El resultado es la conformación de uno de los gabinetes de seguridad más sólidos y profesionales de los últimos años.
Al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ha logrado imprimir un ritmo que difícilmente pasa desapercibido.
Las más de 56 mil detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de casi 30 mil armas de fuego, el decomiso de cientos de toneladas de droga y el desmantelamiento de más de dos mil laboratorios clandestinos son muestra de una estrategia enfocada en afectar las capacidades operativas y financieras de los grupos criminales.
A esta labor se suma el papel estratégico del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, cuya experiencia militar ha fortalecido la coordinación territorial y la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas.
Lo mismo ocurre con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien ha contribuido a robustecer las operaciones de inteligencia y los despliegues tácticos en zonas consideradas prioritarias para la seguridad nacional.
La relevancia de este equipo no radica únicamente en sus perfiles individuales, sino en la coordinación que han logrado construir bajo el liderazgo de la Presidenta.
Todos los días, desde muy temprano, el Gabinete de Seguridad revisa información actualizada, evalúa riesgos, ajusta operativos y toma decisiones con base en datos. Esa disciplina institucional comienza a reflejarse en los resultados.
Las cifras muestran que la disminución de la violencia no se limita a una región específica. Veintiocho entidades federativas registran reducciones en homicidios dolosos, mientras que estados históricamente afectados por altos niveles de violencia presentan avances significativos.
Guanajuato, Baja California, Estado de México, Guerrero y Morelos son ejemplo de que la coordinación entre Federación y gobiernos estatales puede generar cambios medibles.
Otro aspecto políticamente relevante es que la estrategia ha enviado señales claras contra la impunidad.
La Operación Enjambre, que ha derivado en la detención de funcionarios y exfuncionarios vinculados con actividades ilícitas, confirma que el combate a la delincuencia también pasa por desmontar las redes de protección política que durante años facilitaron la operación de grupos criminales.
Pero el diseño impulsado por Sheinbaum va más allá de la acción policial y militar. La atención a las causas sigue siendo un componente fundamental.
Millones de servicios, programas sociales, recuperación de espacios públicos, jornadas comunitarias y acciones dirigidas a jóvenes forman parte de una visión que busca atacar los factores que alimentan la violencia desde su origen.
Ese equilibrio entre fuerza institucional, inteligencia operativa y política social es, quizás, el elemento que mejor explica la evolución de los indicadores.
La estrategia no descansa en una sola herramienta ni en una sola institución; funciona como un esfuerzo integral del Estado mexicano.
Por supuesto, los desafíos persisten. Nadie puede afirmar que la batalla está ganada frente a organizaciones criminales que durante décadas construyeron poder económico y territorial. Sin embargo, los resultados disponibles permiten sostener que la ruta emprendida va en la dirección correcta.
En un país donde la seguridad suele definir buena parte de la legitimidad gubernamental, Claudia Sheinbaum ha encontrado en su gabinete de alto nivel una de sus mayores fortalezas.
Y si la tendencia se mantiene, los avances en esta materia podrían convertirse en uno de los pilares más sólidos de su administración.
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