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A través de un pronunciamiento, la Comisión dice que “los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDHrechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México.

Sostuvo que su decisión de pedir al secretario general de Naciones Unidas que remita con urgencia el caso mexicano a la Asamblea General parte de una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional.

En un pronunciamiento, la CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares, y cuestionó en particular que haya privilegiado, según dijo, posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales desplegados por el Estado mexicano en los últimos siete años.

Ante ello, el organismo sostuvo que la desaparición forzada sí fue una política de Estado solamente entre 1951 y 1990 y luego en los años de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” y que en la actualidad no ocurren de manera sistemática”.

El organismo añadió que, antes de una intervención de esa naturaleza, debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional y acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado, relativos a las condiciones para su intervención.

En lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales que se han llevado a cabo por el Estado en los últimos 7 años, se optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh, es decir, la ONG solicitó ayuda del exterior, pasando por encima de lo que establece la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en sus artículos 30 y 31, los cuales señalan las condiciones para la intervención del Comité. Lo que, a todas luces, no se observó en este caso.