Lo que deberíamos exigir a nuestros preclaros gobernantes —y particularmente al gabinete de seguridad— es conocer qué acciones se están implementando para desmantelar las redes financieras, operativas y territoriales del cártel.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Tras el operativo del pasado domingo que desembocó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, han surgido infinidad de comentarios, sospechas y “asegunes” sobre lo ocurrido, casi todos encaminados a demeritar la acción y, de paso, golpear a la actual administración.
Quiero advertir algo desde el inicio: no defiendo al gobierno. Quienes me hacen el honor de leerme semana con semana saben que he sido crítico constante de esta administración. Pero también hay críticas que terminan por abandonar la lógica y entrar de lleno en el terreno de la fantasía.
Uno de los señalamientos más repetidos sostiene que Estados Unidos proporcionó toda la inteligencia y prácticamente entregó al capo en bandeja de plata, reduciendo la participación mexicana a simplemente ir por él. Puede ser que haya existido cooperación internacional —como ocurre desde hace décadas—, pero convertir eso en argumento para invalidar el operativo resulta, cuando menos, simplista.
Otros cuestionamientos han girado en torno a un debate casi semántico. Primero se informó que “El Mencho” fue abatido; posteriormente se precisó que había sido herido junto con dos de sus escoltas y que los tres murieron mientras eran trasladados en helicóptero para recibir atención médica.
Para algunos, ello constituye una mentira gubernamental, pues uno de los significados de abatir implica causar la muerte inmediata. Pero más allá de la pureza del diccionario, el fondo del asunto difícilmente cambia: el líder criminal fue neutralizado como resultado directo del operativo.
Luego aparecen los conspiranoicos profesionales, quienes aseguran que el capo fue asesinado durante el traslado porque al gobierno le convenía silenciarlo. Y en el extremo del absurdo, incluso hubo quien —periodista con cierta trayectoria— afirmó que fue estrangulado por un agente del FBI a bordo de la aeronave.
Así podríamos pasar días enteros revisando teorías, sospechas y versiones dignas de sobremesa conspirativa. Pero todos esos cuestionamientos parten de un error fundamental: están mal dirigidos.
La verdadera pregunta no es cómo murió, sino qué sigue.
Lo que deberíamos exigir a nuestros preclaros gobernantes —y particularmente al gabinete de seguridad— es conocer qué acciones se están implementando para desmantelar las redes financieras, operativas y territoriales del cártel, y qué estrategia existe para evitar que otro criminal ocupe el trono vacante.
Porque la historia mexicana demuestra que cuando cae un capo sin destruir su estructura, el relevo llega más rápido que la celebración oficial.
La oposición política no puede comportarse como un sicario que dispara a diestra y siniestra. Su función debería parecerse más a la de un francotirador: pocos disparos, pero certeros. De lo contrario, el ruido sustituye al análisis y la crítica pierde utilidad pública.
Porque en México solemos discutir la forma de la bala mientras olvidamos preguntar quién sigue armado.
Y mientras el debate público se pierde entre teorías y sospechas, el crimen organizado —ese que sí entiende de poder— ya está resolviendo la sucesión.
EN EL TINTERO
La presidenta Claudia Sheinbaum decidió abrir uno de los debates más delicados del sistema político mexicano: la reforma electoral. Y lo hizo bajo dos premisas políticamente irresistibles: abaratar la democracia y devolver el poder al pueblo.
El problema —como casi siempre— no está en el discurso, sino en los detalles.
