La propuesta es clara: ningún exfuncionario de confianza podrá recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal (hoy alrededor de 70 mil pesos).
Miguel Camacho @mcamachoocampo
El martes pasado les comentaba la semana de infierno que había vivido la 4T. Intentaron hacer control de daños con un evento ruidoso: el anuncio de estímulos al cine mexicano con la presencia de Salma Hayek.
Pero el ruido no cesa.
Este 18 de febrero, desde el púlpito de la mañanera “del pueblo”, se lanzó un dardo directo a la vieja guardia burocrática: la poda masiva a las pensiones de exfuncionarios de confianza.
El argumento suena celestial para el oído resentido: ¿cómo es posible que un exdirector de Pemex o de la CFE cobre cerca de un millón de pesos mensuales mientras el ciudadano promedio batalla con la canasta básica? La narrativa de la “austeridad republicana” se viste de gala.
El problema es que, cuando uno rasca la pintura, aparece un campo minado jurídico.
La propuesta es clara: ningún exfuncionario de confianza podrá recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal (hoy alrededor de 70 mil pesos). Suena justo. Pero el derecho no se construye con percepciones de justicia, sino con certezas.
Y aquí es donde lo invito a que pongamos el desorden.
El artículo 14 constitucional es la columna vertebral de la seguridad jurídica:
“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Si alguien trabajó décadas bajo ciertas reglas, ¿puede el Estado cambiar el marcador cuando el partido ya terminó?
El gobierno responde que sí. Y para blindarse, pretende elevarlo a rango constitucional.
Seguramente el asunto llegará a la Suprema Corte. No pasará nada. Yo me pregunto: ¿qué impide que mañana se ajuste cualquier otra prestación bajo el argumento de que “es demasiado”?
México ha firmado tratados internacionales que establecen el principio de progresividad de los derechos sociales: solo pueden ampliarse, no reducirse. Recortar una prestación ya consolidada constituye, técnicamente, una regresión.
No nos confundamos: políticamente, la jugada es maestra. Es popular, ahorra unos 5 mil millones de pesos (marginales en el presupuesto federal) y refuerza el discurso contra los “privilegiados”.
Pero cuando la Constitución se usa como borrador para corregir contratos del pasado, lo que hoy parece justicia social mañana puede convertirse en incertidumbre jurídica.
El lunes la reforma llega al Senado. Y con ella, la fila de abogados que ya afilan los dientes rumbo a la Corte. Aunque, siendo francos, el margen de resistencia judicial luce cada vez más estrecho.
Al final, la discusión no es si esas pensiones son altas —que lo son— ni si generan indignación —que la generan—. La pregunta es otra: ¿estamos dispuestos a debilitar la estabilidad de nuestras reglas por un titular que suene bien?
EN EL TINTERO
Mientras la presidenta coloca como urgente el tema de las pensiones —altas, quizá injustas, pero otorgadas bajo condiciones legales vigentes en su momento—, mantiene abiertos otros frentes: los señalamientos de Julio Scherer en su libro y la reforma electoral que sigue sin concretarse.
Dicen que ahora sí, la próxima semana, presentarán la tan anunciada reforma electoral. Una reforma que, si se aprueba a toda prisa y sobre las rodillas, llegará con errores de fábrica.
Y esos errores, como siempre, los pagaremos después.
