La Operación Enjambre no va por halcones ni sicarios, va por algo mucho más delicado: alcaldes, directores, tesoreros y jefes policiacos que vendieron su autoridad al crimen. Tequila ya cayó. Apulco fue el precedente.
Raúl García Araujo @araujogar
La caída del alcalde de Tequila, Jalisco, no es justicia tardía ni golpe aislado. Es una advertencia. Un mensaje directo desde el centro del poder federal para quienes durante años convirtieron los ayuntamientos en sucursales del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y en esa advertencia hay dos nombres que resuenan cada vez con más fuerza en los pasillos de la inteligencia federal: Teocaltiche y Villa Hidalgo.
La Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó de ser un operativo regional para convertirse en una limpieza quirúrgica de gobiernos municipales infiltrados por el crimen organizado. Lo ocurrido en Tequila confirma lo que por años se denunció y nadie quiso ver: el poder local fue capturado por el CJNG.
Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, fue detenido tras cateos federales ejecutados por Ejército, Marina, FGR, CNI y SSPC. ¿Los cargos? Extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, desvío de recursos públicos y vínculos directos con una célula criminal del CJNG. No actuaba solo. Gobernaba con una red de funcionarios que hoy también están bajo arresto: Seguridad Pública, Catastro, Obras Públicas. El Ayuntamiento completo operando como empresa criminal.
Y aquí está el punto que incomoda: el esquema es exactamente el mismo que hoy se investiga en Teocaltiche y Villa Hidalgo.
Fuentes de alto nivel confirman que el equipo de García Harfuch ya tiene en su poder llamadas, conversaciones y registros de contacto entre funcionarios municipales y líderes criminales del CJNG en ambos municipios. No son rumores. No son filtraciones políticas. Es inteligencia dura, como la que llevó a la captura del alcalde prófugo de Apulco, Zacatecas, Mauro Yuriel “N”, ligado a Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, “El Güero” o “El Apa”.
Tan grave es el historial de este último que la fiscal general Ernestina Godoy informó recientemente, ante el gabinete de Seguridad Nacional del presidente estadounidense Donald Trump, que existe una recompensa de 500 mil pesos por su captura, misma que puede aumentar por su alta peligrosidad.
La conexión es clara y el patrón se repite: autoridades municipales protegiendo al CJNG, permitiéndole operar, extorsionar, desplazar y sembrar terror, mientras la población quedaba atrapada entre el silencio forzado y la violencia cotidiana.
Teocaltiche y Villa Hidalgo no son excepciones: son ejemplos extremos de lo que ocurre cuando el crimen gobierna y el Estado se ausenta. Durante años, sus habitantes han vivido bajo amenazas, ejecuciones y control territorial, mientras los gobiernos locales simulaban ignorancia.
La Operación Enjambre no va por halcones ni sicarios, va por algo mucho más delicado: alcaldes, directores, tesoreros y jefes policiacos que vendieron su autoridad al crimen. Tequila ya cayó. Apulco fue el precedente.
Teocaltiche y Villa Hidalgo están en la mira.
Y esta vez, no hay discurso, cargo ni padrinazgo político que alcance para detener lo inevitable: el enjambre ya zumbó… y va directo al corazón del poder municipal corrupto.
