Por Luis Alberto Beltrán | Twitter: @reporteroyosoy
La empresa JetVan, que mantiene vínculos históricos con la administración del ex fiscal Alejandro Gertz Manero, busca adjudicarse un contrato por 3,098 millones de pesos con la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la licitación pública LA-49-830-049830002-N-2-5-2025.
El contrato contempla el arrendamiento de motocicletas, cuatrimotos, camiones, vagonetas, sedanes híbridos y camionetas Pick-up para aproximadamente 65 unidades administrativas de la Fiscalía en todo el país, lo que lo convierte en uno de los más costosos de la institución.
La relación de JetVan con la FGR es, en gran medida, una herencia de la administración de Gertz Manero, lo que ha generado sospechas sobre posibles prácticas de favoritismo y falta de transparencia en la adjudicación de contratos.
Pese a su historial problemático, la empresa insiste en participar, ofreciendo reducciones de costos y servicios adicionales “a modo” que han sido cuestionados por otras compañías competidoras, como LUMO, Integra, Turno Fin y CASANOVA, quienes han presentado múltiples inconformidades por desventajas evidentes en el proceso de licitación.
JetVan se ha caracterizado por prestar servicios deficientes en otras dependencias federales. En el Instituto Nacional Electoral (INE), por ejemplo, se estudia la rescisión de su contrato debido a diversas anomalías en la prestación de sus servicios.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dos médicos fueron detenidos por conducir vehículos con reporte de robo, sin que la empresa interviniera de manera efectiva, evidenciando la negligencia en el manejo de su flota vehicular. Estos antecedentes han generado preocupación sobre la capacidad de JetVan para cumplir un contrato de la magnitud de este arrendamiento vehicular.
Debido a estas irregularidades y al riesgo de una adjudicación indebida, el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR ha decretado la suspensión provisional de la licitación, primero el 24 de octubre y nuevamente el 8 de diciembre de 2025, mientras se analizan posibles violaciones a la normativa vigente. La intervención del OIC busca garantizar que el procedimiento cumpla con los estándares legales y que no se favorezca a una empresa con historial comprobado de deficiencias en el servicio y problemas legales previos.
Analistas en contratación pública advierten que adjudicar este contrato a JetVan representaría un riesgo financiero y operativo significativo para la FGR, al asignar más de 3 mil millones de pesos a una empresa cuya trayectoria evidencia fallas recurrentes y falta de control sobre su flota vehicular.
Por ahora, la licitación sigue en pausa, mientras se determina si la adjudicación puede realizarse de manera transparente y conforme a la ley, dejando en evidencia la necesidad de un mayor control y supervisión en los contratos públicos de gran escala, especialmente aquellos heredados de administraciones anteriores.
