Combatir el maltrato animal no puede convertirse en una cacería de cuidadores ni en la deslegitimación de espacios con una historia probada de protección.
Claudia Bolaños @claudiabola
El caso del Refugio Franciscano no puede analizarse con ligereza ni desde una narrativa única. Se trata de una institución fundada en 1877, con casi siglo y medio de historia, que ha atendido a más de 30 mil animales y cuya labor ha sido documentada durante décadas en reportajes, testimonios y videos que dan cuenta de un esfuerzo sostenido por proteger a perros y gatos abandonados, en un país donde el maltrato animal sigue siendo una constante.
Por ello, lo ocurrido en Cuajimalpa obliga a hacer una pausa y mirar el contexto completo. La intervención de las autoridades, que derivó en cuestionado «rescate» de más de 900 animales y en el traslado de cientos de ellos a distintos albergues, se da en medio de señalamientos graves: el Refugio Franciscano acusa un “montaje cruel” y advierte sobre presuntos intereses inmobiliarios que buscan despojarlo del predio que ha ocupado históricamente.
No es un señalamiento menor en una ciudad donde el desarrollo urbano ha avanzado, en muchos casos, a costa de espacios sociales y comunitarios.
Reducir el caso a una historia de maltrato sin reconocer la trayectoria del refugio resulta injusto y peligroso. Y más cuando las imágenes muestran como fueron trasladados los animales, estresándolos por ser llevados incluso en transportadoras volteadas, manteniéndolos así horas y horas. Las organizaciones que durante décadas han hecho el trabajo que el Estado no asumió, ni asume, —recoger, alimentar, curar y resguardar animales abandonados— suelen operar con recursos limitados, bajo presión constante y con una carga que supera cualquier capacidad humana o financiera. La saturación, en estos contextos, no siempre es sinónimo de crueldad, sino de abandono institucional.
Es necesario cuestionar la forma en que se realizan las intervenciones, la narrativa que se construye desde el poder y el impacto que estas acciones tienen sobre cuidadores que han dedicado su vida a esta labor. Impedir el acceso a medicamentos o separar abruptamente a animales en tratamiento no puede presentarse automáticamente como un acto de protección.
El traslado de 304 perros al Ajusco y de otros cientos a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal muestra la capacidad del Estado para actuar cuando decide hacerlo, aunque no en total transparencia pues un refugio advirtió que no tenía la capacidad par amas de treinta y tantos animalitos. La pregunta es por qué la capacidad gubernamental, con todo y cuestionamientos, no se traduce en apoyos permanentes, acompañamiento técnico y esquemas de corresponsabilidad con refugios históricos que han sostenido, durante décadas, una tarea que debería ser pública. Las propias redes sociales están saturadas de casos sin atender.
Combatir el maltrato animal no puede convertirse en una cacería de cuidadores ni en la deslegitimación de espacios con una historia probada de protección. Si hay irregularidades, que se investiguen con rigor y sin prejuicios. Si existen intereses inmobiliarios detrás, que se transparenten, porque los dueños del predio se comprometieron. con el bienestar de los canes y felinos, y a los días los desalojaron. El Estado tiene una deuda con quienes, desde 1977, han hecho lo que muchos no quisieron hacer: cuidar a los animales cuando nadie más lo hacía.
Y Sepa La Bola, pero la buena noticia en materia de protección animal en la Ciudad de México es que lo ocurrido el 1 de enero de 2026 en el Mercado de Sonora marca un antes y un después en la relación de la capital con los animales. Por primera vez, uno de los espacios comerciales más emblemáticos —y también más polémicos— dejó atrás una práctica normalizada durante décadas: la venta y exhibición de animales vivos como mercancía, muchas veces bajo condiciones de maltrato. La prohibición no surgió de una ocurrencia administrativa ni de una moda pasajera, sino de una orden judicial sustentada en la Ley de Protección y Bienestar Animal, lo que le otorga un peso jurídico y simbólico difícil de ignorar. Más de 50 locales cerraron definitivamente sus cortinas tras ser notificados por la alcaldía Venustiano Carranza de que el mandato debía cumplirse sin excepciones. Perros, gatos, aves, gallinas, reptiles, borregos y otras especies dejaron de estar confinados en jaulas, vitrinas o cajas improvisadas frente al paso cotidiano de miles de personas.
Y, en otro frente, vecinos de Poza Rica se manifestaron este jueves frente a Palacio Nacional para protestar por la falta de apoyo suficiente luego de perder su patrimonio tras inundaciones de hasta tres metros ocurridas en octubre pasado. La Secretaría de Bienestar les ofreció revisar alrededor de cien casos, pero les advirtió que la respuesta podría tardar meses. La escena reabre la pregunta sobre la eficacia de los mecanismos de atención a desastres y recuerda la promesa de que, con la desaparición del Fondo de Atención a Desastres Naturales, la respuesta gubernamental sería más rápida y eficiente.
