Su propuesta de minería social en comunidades serranas, indígenas y rurales parte de una idea básica: la riqueza del subsuelo no debe construirse sobre el sacrificio de quienes la extraen.
Claudia Bolaños @claudiabola
En medio del debate sobre el futuro de la minería y sus efectos en las comunidades, resulta alentador que sea un mexicano quien encabeza uno de los proyectos más innovadores y socialmente responsables del continente.
El reconocimiento otorgado en Argentina a Benjamín Luis Lagarda Burgos no es un trámite ceremonial: confirma que la minería puede pensarse de otra manera, con respeto a las personas y al entorno, y que México tiene a uno de los protagonistas de ese cambio.
Lagarda Burgos es el primer mexicano en recibir el galardón Liderazgos Transformadores en América Latina 2025, entregado por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la legislatura de Santa Cruz. Que un país con tradición minera distinga a un mexicano por impulsar modelos más humanos, seguros y limpios contrasta con las tragedias y conflictos que aquí siguen sin resolverse.
Su propuesta de minería social en comunidades serranas, indígenas y rurales parte de una idea básica: la riqueza del subsuelo no debe construirse sobre el sacrificio de quienes la extraen. Su visión coincide con la Agenda 2030 y con un movimiento internacional que exige responsabilidad ambiental, tecnología de punta y respeto a la vida.
Uno de sus aportes más significativos es OTIS, la primera máquina de barrenación eléctrica sin emisiones en el mundo, desarrollada en 2023. No es solo una innovación tecnológica: es una declaración sobre lo que la minería puede y debe ser. Mientras otros países abren espacio a estas prácticas, México aún no voltea a ver a quienes demuestran que la transformación sí es posible.
Y Sepa La Bola pero en contraste está el sistema penitenciario mexicano. Mientras un mexicano demuestra en el extranjero que es posible innovar con ética, dentro del país hay instituciones que ni siquiera pueden impedir que un teléfono celular funcione dentro de una cárcel. Al menos una docena de penales concentran más de la mitad de las extorsiones que se cometen a nivel nacional. Son centros de operación criminal, no de readaptación. Desde sus interiores se orquestan llamadas, amenazas y cobros que afectan a miles de familias y empresas, ha recibido el gobierno federal.
El Estado lo sabe, pero no logra, o no quiere, frenar este modelo de negocio.
La explicación oficial suele culpar a la “creatividad criminal”, pero el problema es más simple y más grave: corrupción e impunidad. Las imágenes de celulares incautados, los operativos mediáticos y las requisas “sorpresa” son parte de una coreografía repetida que no cambia nada. Los aparatos vuelven a entrar por las mismas rutas: personal penitenciario, proveedores, custodios que complementan su salario con sobornos y directivos que permiten que el sistema funcione así. En muchos penales, el crimen opera con mayor libertad que afuera. Las antenas bloqueadoras están apagadas, las revisiones son simuladas y la extorsión se convierte en parte de la economía interna. Cada llamada y cada cuota tiene un origen claro: un teléfono dentro de una celda, protegido por la negligencia institucional.
México observa con orgullo el reconocimiento a Lagarda Burgos, un ejemplo de que es posible transformar un sector mediante innovación y compromiso social. Pero ese orgullo se vuelve incómodo cuando se compara con la incapacidad del Estado para controlar sus propias cárceles. Se habla de modernización y seguridad, pero se permite que las prisiones funcionen como centros de operaciones del delito más cotidiano contra la población. No se puede aspirar a un Estado fuerte si no se controla lo que ocurre al interior de sus penales. Así como la minería requiere un replanteamiento profundo para abandonar prácticas que dañan comunidades, el sistema penitenciario necesita una transformación igual de radical. La diferencia es que, mientras la minería ya tiene ejemplos concretos de cambio, las cárceles siguen siendo la evidencia más visible de cómo opera la corrupción cuando nadie quiere enfrentar su raíz.
México tiene el talento para liderar modelos de desarrollo más limpios y justos. El proyecto de Lagarda Burgos demuestra lo que puede lograrse cuando la innovación se combina con visión social. Lo urgente ahora es que ese mismo compromiso llegue a las instituciones que más lo necesitan. Porque un país capaz de reinventar su minería no debería resignarse a que sus cárceles sigan funcionando como fábricas de extorsión.
