Carlos Manzo pasó a ser uno más: uno más en la estadística delictiva, una más de las promesas de “llegar hasta las últimas consecuencias”, uno más.
Miguel Camacho @mcamachoocampo
Este fin de semana, en una plaza pública, durante una fiesta popular por el Día de Muertos, fue asesinado el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien se había convertido en un severo crítico de la estrategia federal en materia de seguridad.
Manzo había cuestionado abiertamente la política del gobierno para combatir al crimen organizado. Sus declaraciones le valieron descalificaciones desde la administración de la 4T, cuyos voceros insistían en que su actitud “no estaba bien” porque, decían, en el país existía un estado de derecho que debía respetarse. Argumento, por cierto, muy socorrido cuando alguien osa poner en duda su estrategia.
Tras el asesinato, el gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que el edil contaba con una escolta conformada, por decisión propia, por policías municipales de su confianza y 14 elementos de la Guardia Nacional.
También detallaron las reuniones que habían sostenido con él para revisar los resultados en materia de seguridad en la región.
La conferencia, sin embargo, sonó más a descargo de responsabilidad: una forma de decir “nosotros cumplimos, nos reuníamos con él”. Pero entre líneas también se leía otra cosa: Manzo no les tenía plena confianza, y por eso los mantenía fuera de su primer círculo de protección.
El gobierno de la doctora Sheinbaum ha mostrado mayor actividad en el combate al crimen. Y está bien. Se reportan avances contra los llamados “generadores de violencia” —así los llaman, con elegancia burocrática—. Pero falta lo esencial: que esos resultados se sientan en la vida cotidiana de la gente.
Decir que bajaron los homicidios o los delitos de alto impacto es sólo un consuelo estadístico, palabras vacías mientras sigan asesinando a hombres y mujeres que se atreven a cuestionar; mientras agricultores y comerciantes sigan pagando derecho de piso para poder trabajar. De nada sirven los números.
Carlos Manzo pasó a ser uno más: uno más en la estadística delictiva, una más de las promesas de “llegar hasta las últimas consecuencias”, uno más.
