La estrategia del gobierno de Pablo Lemus ha sido la omisión y el encubrimiento. Mientras los habitantes viven bajo el fuego cruzado, el Ejecutivo estatal busca desviar la atención mediática, simulando acciones que en la práctica no existen.
Raúl García Araujo @araujogar
A tan solo cuatro meses de haber asumido la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro ya enfrenta el colapso de su autoridad en regiones clave del estado.
El caso más alarmante es Teocaltiche, municipio que se ha convertido en sinónimo de terror, donde la gobernabilidad simplemente ha desaparecido. La violencia desbordada ha sumido a esta comunidad en una de las peores crisis de inseguridad de los últimos años.
La población vive entre el miedo y la resignación, asediada por el crimen organizado —en particular, por los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación—, quienes actúan con absoluta impunidad, ejecutando a inocentes sin que exista una respuesta efectiva del Estado.
Los datos oficiales son contundentes: desde febrero, cuando la Policía Estatal —a cargo de Juan Pablo Hernández— tomó el control de la seguridad en la zona, se han registrado al menos 16 homicidios violentos. Ningún responsable ha sido detenido. La impunidad es absoluta, la inacción gubernamental, evidente.
La estrategia del gobierno de Pablo Lemus ha sido la omisión y el encubrimiento. Mientras los habitantes viven bajo el fuego cruzado, el Ejecutivo estatal busca desviar la atención mediática, simulando acciones que en la práctica no existen. En Teocaltiche, el crimen organizado manda, y lo hace ya sea con la complacencia o con la incompetencia de las autoridades estatales.
Pablo Lemus
Ni armas decomisadas, ni vehículos monstruo asegurados, ni operativos de contención reales. El gobierno estatal ha sido superado por los hechos. Hoy, el crimen organizado domina la región con absoluta libertad, mientras las instituciones de seguridad apenas alcanzan a reconocer su derrota.
El propio secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, admitió recientemente que en Teocaltiche y Villa Hidalgo hay un alza alarmante en robos y homicidios, los cuales —según sus palabras— “podrían estar vinculados al crimen organizado”. Una confesión que evidencia el fracaso total del aparato de seguridad estatal.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Salvador González, no se queda atrás en este despropósito institucional. Su papel ha sido el de encubrir, retrasar y maquillar la violencia. Casos como el asesinato de Juan Pablo Alonzo Estrada, activista del colectivo Frente Teocaltiche por Nuestra Gente, muestran una intención clara de minimizar los hechos. El homicidio ocurrió el 30 de marzo, pero fue confirmado oficialmente hasta cinco días después, sin detalles, sin avances, sin justicia.
La Fiscalía alega que “la investigación sigue en curso”, como si eso justificara el silencio y la opacidad. Pero la verdad es clara: el gobierno de Pablo Lemus no solo es incapaz de proteger a sus ciudadanos, sino que también revictimiza a quienes alzan la voz. Alonzo Estrada no era un ciudadano más; era un líder que había denunciado la presencia del narco y la ausencia del Estado. Fue ignorado en vida y traicionado en su muerte.
Y la historia se repite. Este fin de semana, mientras vecinos denunciaban en redes el hallazgo de cuatro cuerpos ejecutados en una finca del Libramiento Sur, en la colonia El Barrio, la Fiscalía volvió a optar por el silencio. No fue sino hasta casi 24 horas después que se dignaron a confirmar el multihomicidio, una respuesta tardía que retrata con precisión la desconexión total de las autoridades con la realidad de los jaliscienses.
El medio Dominio Público Noticias (dominiopublico.com.mx) ha sido el único que, con valentía, ha documentado estos hechos en tiempo real, ante el abandono informativo y operativo del gobierno estatal.
El crimen organizado avanza, no solo con fuerza, sino con comodidad. Frente a ellos, el gobierno de Pablo Lemus Navarro no representa más que un estorbo inútil, cuando no un cómplice silencioso. La situación en Teocaltiche exige la intervención urgente del gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, deben tomar cartas en el asunto. Jalisco se les está yendo de las manos a sus autoridades estatales.
Porque hoy, Teocaltiche no es un municipio olvidado: es la prueba viviente de un estado fallido.
