La falta de medicamentos en Chihuahua no comenzó hace tres años, sino en 2016 con la llegada de Javier Corral a la gubernatura

Eduardo León | @EduardoLeonMx

¿Qué clase de gobernante permitiría que se le echara a perder en bodegas, el medicamento de sus gobernados? ¿Qué clase de mandatario permite que se le echen a perder en el almacén, unos 100 millones de pesos en medicinas? hablamos incluso de medicamento oncológico que tuvo que desecharse por caduco.

¿Qué clase de servidor público permite que en los hospitales y clínicas a su cargo no haya insumos médicos mínimos para poder ofrecer un servicio, ya no digamos de calidad, sino con el mínimo de dignidad?

La falta de medicamentos en las farmacias del ICHISAL y en los hospitales de Chihuahua no comenzó hace tres años, sino en 2016 con la llegada de Javier Corral a la gubernatura, quién no se cansó de proclamar a los cuatro vientos el quebranto de la Hacienda Pública, y a responsabilizar a su predecesor de todo lo malo que ocurría en el estado, y si bien es cierto que las arcas habían sido “vaciadas”, también lo es el hecho de que lo único que supo hacer para disfrazar su incapacidad -y la de su secretario de Hacienda Arturo Fuentes- fue la contratación de deuda.

¿Qué clase de gobernador -habiendo sido legislador local y federal varias veces, no sabe echar mano de sus diputados federales para bajar recursos? ¿Qué clase de mandatario sabotea todo diálogo y concordia con el gobierno federal debido a su talante rijoso? ¿A qué clase de servidor público se le mueren de hambre decenas de niños frente a sus narices sin hacer absolutamente nada?

Tan solo durante 2017, 2018 y 2019 según la información obtenida a través de transparencia por parte de organizaciones como Alianza Sierra Madre, el Estado registró 36 defunciones de niños de entre 0 y 12 años asociadas a desnutrición, donde al menos la mitad correspondieron a la zonas rurales apartadas en la sierra de Chihuahua, razón por la cuál se ha exigido desde la sociedad civil organizada, la intervención tanto de la federación como del Estado para atender esta problemática sin que hasta el momento exista un acercamiento por parte de las autoridades con las comunidades más afectadas.

Por supuesto que la responsabilidad en esto último se compartió con el delegado del Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa, ex candidato a la gubernatura quien comprometió en múltiples ocasiones la relación de los pueblos indígenas con el gobierno federal, en buena medida por su falta de oficio político y sensibilidad humana, rasgos que compartía con el entonces mandatario Javier Corral y que derivó en múltiples marchas desde la Sierra Tarahumara a la capital del estado y del país, responsabilidad que ahora comparte con María Eugenia Campos Galván y en la que ninguno ha puesto manos a la obra hasta el momento.

Conforme pasan los días, surgen más y más elementos que retratan el espejismo que fue el gobierno de Javier Corral Jurado, pero también ponen de manifiesto los graves problemas que ya existían desde antes de su mandato, así como muchísimos otros que éste generó a su paso por Palacio de Gobierno.  Así y con todo, no faltó quién consideró que podría sumarse al equipo del presidente López Obrador. Quizá le vieron similares cualidades a las que poseen los demás integrantes de su gabinete.

Buscapiés

Tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de la Función Pública tomaron conocimiento de un par de denuncias administrativas presentadas en 2018 por la Auditoría Superior del Estado, tras percatarse que en la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada el morenista Víctor Quintana Silveyra primero y posteriormente por Ramón Galindo Noriega, habría pagado a 583 aviadores a razón de 20 mil pesos mensuales a cada uno, personal que no estaba aprobado por la Secretaría de Hacienda lo que convertía a esta erogación como injustificada ante la ASE.

La próxima semana se instalarán las comisiones en la Cámara de Diputados, posterior a ello se turnará la Reforma Energética del presidente López Obrador a las que corresponda para su análisis, discusión y posterior votación, aunque los legisladores de Acción Nacional, del PRD y Movimiento Ciudadano fijaron su postura en negativo al proyecto, la expectativa de que el PRI ayude con sus votos a Morena para completar los 334 necesarios para la aprobación de la “contrarreforma” se incrementó luego que Templo Mayor de Reforma planteara la posibilidad de que la gobernadora de Campeche Layda Sansores, tendría elementos con los cuales ejercer presión sobre Alejandro Moreno y obligarlo a que su partido vote a favor el texto del presidente López Obrador.

También existe la posibilidad que ante la eventual resistencia que pudiesen presentar los partidos “de oposición” a dar su voto favorable a la reforma energética del presidente, que el ejecutivo federal amague con su mejor carta, EL PRESUPUESTO.

Numerosos gobiernos estatales están en números rojos, contrayendo deuda como Chihuahua, que hasta ahora habría contratado por mil 800 millones de pesos para resolver el pago de su nómina y otros gastos. Tampoco sería la primera -ni la última- vez que López Obrador apaciguara los ánimos tanto de partidos como de legisladores mediante este recurso.

Hoy 8 de octubre se cumple un año de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en diez días presentaría las pruebas que demostrarían la corrupción en 109 fideicomisos destinados a la cultura, el deporte, la tecnología, la ciencia y la atención a víctimas cuyos recursos por 68 mil 400 millones de pesos absorbió el ejecutivo federal, supuestamente para atender la pandemia por Covid-19. Un año en el que ha sido incapaz de respaldar con pruebas sus dichos.

Por cierto, el monto total de los fideicomisos extintos es casi el equivalente al presupuesto de Chihuahua del pasado 2020.