El proyecto tiene como objetivo central eliminar los excesos en el ejercicio de la función pública bajo la premisa de «no puede haber gobierno rico con pueblo pobre»
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío oficial a la Cámara de Senadores de la iniciativa de ley secundaria, conocida como «Plan B», la cual complementa la Reforma Electoral con modificaciones sustanciales a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Este proyecto, que cuenta con el respaldo de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se centra en la reorientación del gasto público y la eliminación de privilegios en los tres niveles de gobierno.
Uno de los pilares más ambiciosos de su planteamiento, es la intervención en las finanzas de los órganos legislativos estatales.
La iniciativa plantea establecer un tope presupuestal estricto de 0.70% del gasto total de cada entidad federativa para el funcionamiento de sus congresos locales.
Según explicó la mandataria este martes en su “mañanera”, actualmente existen disparidades excesivas donde algunos legislativos operan con presupuestos significativamente más altos que otros sin una justificación clara de servicios.
Mientras que en el ámbito municipal, el “Plan B” busca compactar las estructuras administrativas para generar ahorros directos.
Las medidas incluyen:
• Reducción de regidurías: Se propone un límite de entre 7 y un máximo de 15 de estas personas por ayuntamiento.
• Sindicatura única: Los municipios deberán limitar su estructura a una sola de estas posiciones.
• Eliminación de beneficios: Se prohibirá el uso de recursos públicos para el pago de bonos extraordinarios, seguros médicos privados, vehículos de lujo o personal de apoyo excesivo para funcionarios locales.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló que la reforma busca tirar la política de «gobierno rico con pueblo pobre» en las instituciones electorales.
Bajo este esquema, subrayó que ningún consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrado o alto funcionario podrá percibir una remuneración superior a la de la Presidencia de la República, quien percibe 134 mil pesos mensuales.
Además, se proyecta una disminución progresiva de 15% en el gasto del Senado de la República y ajustes en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para fiscalizar en tiempo real las finanzas de los partidos políticos mediante sistemas bancarizados.
