A penas matan a uno y el gobierno de Pablo Lemus no tardó en insinuar una posible relación con grupos delictivos.
El asesinato de Ramón Grande Moncada, director de Seguridad Pública de Teocaltiche, ha reavivado una preocupante tendencia dentro del gobierno de Jalisco: la estigmatización sistemática de funcionarios asesinados, al ser señalados públicamente por presuntos vínculos con el crimen organizado, sin que exista evidencia contundente ni posibilidad de defensa.
Grande Moncada fue ejecutado el pasado martes frente a su familia. De inmediato, las autoridades estatales informaron que el mando policiaco tenía vencidos sus exámenes de control y confianza desde hacía nueve meses, aunque había agendado una cita para actualizarlos.
A pesar de que sus evaluaciones anteriores estaban aprobadas, el gobierno de Pablo Lemus no tardó en insinuar una posible relación con grupos delictivos, replicando un discurso oficial que se ha vuelto cada vez más recurrente.
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Desde la desaparición de ocho policías en febrero —cuatro de los cuales fueron encontrados ejecutados— la administración estatal ha intensificado su narrativa de “depuración institucional”.
Sin embargo, más que demostrar una estrategia clara contra el crimen organizado, esta postura parece orientada a exculparse ante la creciente inseguridad en la región, culpando a los propios elementos caídos.
El patrón es evidente: convertir a los funcionarios asesinados en sospechosos póstumos permite justificar operativos fallidos, evadir responsabilidades políticas y sostener la idea de que las corporaciones locales estaban infiltradas desde su base. Esta narrativa, además de ser frágil, impide construir justicia para las víctimas y deja a las familias sin posibilidad de limpiar el nombre de sus seres queridos.
La región norte de Jalisco, particularmente municipios como Teocaltiche y Villa Hidalgo, permanece bajo vigilancia estatal tras el desarme de sus policías municipales en febrero. La Secretaría de Seguridad estatal informó que será hasta dentro de dos semanas cuando se inicie la revaluación de los 35 elementos de Teocaltiche y los 40 de Villa Hidalgo, con miras a su reentrenamiento e incorporación posterior.
Ramón Grande Moncada ya había estado al frente de la policía municipal en 2021, durante la administración del entonces alcalde Juan Manuel Vallejo Pedroza, quien también es investigado por supuestos vínculos con grupos criminales, tras el hallazgo de un sistema de videovigilancia clandestino operado desde la comisaría.
El caso de Grande Moncada se suma a una lista creciente de funcionarios municipales de Teocaltiche que, además de perder la vida en contextos violentos, son desacreditados públicamente sin proceso alguno. Esta práctica no solo mina la confianza en las instituciones, sino que convierte a los servidores públicos en blanco de una narrativa institucional que criminaliza a las víctimas y elude responsabilidades desde el poder.
