El caso se ha convertido en un símbolo del abandono institucional.
A casi siete meses de la desaparición de ocho policías municipales de Teocaltiche, familiares de las víctimas acusan al gobierno de Pablo Lemus de no haber entregado ni un peso de apoyo económico ni acompañamiento real.
Denuncian que han tenido que sobrevivir como pueden, mientras algunos de sus hijos no saben de dónde saldrá el siguiente plato de comida.
“Siete meses de los policías y aún no dan ni un peso a sus familias… cómo han comido los hijos de esas familias, quién sabe… tanto se tardan”, declaró a Dominio Público Noticiasun familiar de uno de los agentes desaparecidos en febrero.
Otra esposa, cuyo esposo fue identificado entre los restos hallados, recriminó: “Pues que no son conscientes de que dejaron a una familia desamparada”.
Restos en bolsas negras
La tragedia tuvo uno de sus momentos más desgarradores cuando familiares acudieron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Lagos de Moreno y, tras ver fotografías e indicios, confirmaron que algunos de los cuerpos localizados en 12 bolsas negras correspondían a los policías.
El hallazgo se dio el 19 de febrero en el poblado de La Esperanza, mientras que el vehículo en el que viajaban los agentes fue encontrado horas antes en la localidad de San Rafael, en los límites de Lagos de Moreno y Valle de Guadalupe.
Investigación incompleta
Cuatro policías y el chofer que los transportaba desde Teocaltiche a Guadalajara continúan desaparecidos. De acuerdo con las indagatorias, los agentes partieron hacia Lagos de Moreno para tramitar su carta de antecedentes no penales, y de ahí viajarían a la capital para presentar exámenes de control y confianza. Sin embargo, fueron interceptados por un comando armado y no se volvió a saber de ellos.
Pese a la magnitud del caso, la investigación sigue abierta sin responsables detenidos ni avances significativos.
Contradicciones del gobierno
El propio gobernador Pablo Lemus declaró el 19 de febrero que “cinco policías seguirían con vida” y que “todo parece indicar que se trata de algunos de ellos, pero todavía no está confirmado”. También aseguró que su administración ofrecía “solidaridad y acompañamiento” a las familias.
Hoy, los familiares denuncian que esas promesas quedaron en palabras vacías. No hay apoyo económico, ni respaldo psicológico, ni resultados en la investigación.
El caso se ha convertido en un símbolo del abandono institucional y de la violencia que azota a los cuerpos de seguridad en Jalisco, mientras las familias siguen esperando justicia y, al menos, un trato digno de parte de las autoridades.
