El gobernador de Jalisco informó que el arma que portaba uno de ellos, se la robaron a una de las mujeres policías que fueron asesinadas el 11 de noviembre en El Salto
Datos oficiales señalan que la demarcación ha registrado más de 34 homicidios dolosos y al menos 35 desapariciones durante el último año.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que Teocaltiche se encuentra entre los municipios más violentos del estado en 2025, en un contexto marcado por homicidios dolosos, desapariciones y una crisis de seguridad que persiste pese a los compromisos oficiales de pacificación.
Durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, realizada en Casa Jalisco, autoridades estatales informaron que la mayor concentración de homicidios dolosos se registra en siete municipios: Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Tonalá, El Salto y Teocaltiche.
En el informe presentado, se detalló que en 2025 se registró un promedio de 3.27 homicidios diarios, cifra que representa 1.4 asesinatos menos por día en comparación con 2024, lo que equivale a una disminución de 33 por ciento. No obstante, el propio mandatario estatal admitió que estos avances no son suficientes.
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“Vamos por el camino correcto, eso no quiere decir que estemos bien, ni que hayamos llegado ya a la meta que nos hemos propuesto y mucho menos a la demanda de la ciudadanía que se quiere sentir más segura”, afirmó Lemus, al reconocer que aún “falta mucho camino por recorrer”.
Pese a esta reducción global, Teocaltiche, municipio de la región Altos Norte, se consolidó en 2025 como el más violento de Jalisco. Datos oficiales señalan que la demarcación ha registrado más de 34 homicidios dolosos y al menos 35 desapariciones durante el último año, muchas de ellas sin avances sustantivos en las investigaciones.
La situación se agravó a partir de febrero, cuando ocho policías municipales fueron secuestrados mientras se trasladaban a Guadalajara para realizar exámenes de control y confianza. Días después, cuatro de ellos fueron localizados sin vida, mientras que el paradero del resto continúa sin esclarecerse, evidenciando la penetración del crimen organizado y la vulnerabilidad institucional en la zona.
Este escenario contrasta con la promesa del gobernador Pablo Lemus de pacificar Teocaltiche en un plazo de 45 días, compromiso que, a la fecha, no ha mostrado resultados visibles. La violencia sostenida, las desapariciones sin resolver y los ataques directos contra corporaciones policiacas colocan al municipio como un símbolo del fracaso de la estrategia de seguridad estatal, pese al discurso oficial de avances y coordinación.
Acusa la negativa sistemática para acceder a carpetas de investigación y múltiples omisiones en casos de desaparición, aun cuando existen quejas formales contra servidores públicos.
El Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusó a autoridades federales y estatales de abandono, omisiones y mentiras en la investigación del Rancho Izaguirre, señalado como un presunto centro de exterminio, y advirtió sobre una supuesta filtración de información desde la Fiscalía General de la República al crimen organizado, lo que habría comprometido el curso de las indagatorias.
En un pronunciamiento público dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a medios de comunicación y a la sociedad, el colectivo sostuvo que el rancho permanece sin resguardo ni acciones sustantivas, pese a que existen elementos suficientes para realizar cateos, ampliar líneas de investigación y fincar responsabilidades a funcionarios.
Señalaron que el silencio que mantuvieron durante meses, con la intención de no afectar las investigaciones, fue respondido con inacción institucional.
Las y los buscadores denunciaron que la presunta filtración de información ha permitido que personas detenidas presenten recursos legales, con el riesgo de obtener su libertad.
Asimismo, acusaron la negativa sistemática para acceder a carpetas de investigación y múltiples omisiones en casos de desaparición, aun cuando existen quejas formales contra servidores públicos.
Indicaron que la salida del anterior titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada derivó en el cierre de investigaciones y en un retraso grave de los expedientes relacionados con el Rancho Izaguirre. También señalaron que la información enviada a la Presidencia habría sido utilizada para aparentar avances y ocultar responsabilidades.
El colectivo advirtió que testigos clave se vieron obligados a salir del país por razones de seguridad y alertó sobre la continuidad de las desapariciones y el reclutamiento de jóvenes, sin una respuesta efectiva por parte del Estado, por lo que reiteró su exigencia de verdad y justicia para las víctimas.
El detenido, de 26 años de edad, no pudo acreditar su legal estancia en el país, por lo que fue presentado ante el Instituto Nacional de Migración.
En Zapopan, Jalisco, un operativo interinstitucional contra la extorsión permitió la detención de Daniel “N”, alias “El Parce”, presunto operador de mini casinos callejeros vinculados a esquemas de rifas ilegales y préstamos conocidos como “gota a gota”, en la colonia Valle de los Molinos.
La acción fue encabezada por la Policía de Jalisco, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Metropolitana y la Comisaría de Zapopan, como resultado de denuncias ciudadanas anónimas y trabajos de inteligencia.
De acuerdo con las autoridades, las investigaciones identificaron el uso de máquinas tragamonedas como parte de mecanismos de extorsión operados en la vía pública.
El despliegue se concentró en el cruce de la calle Martel y la avenida Valle de Zapotlán, donde, con apoyo de la Unidad de Drones Cybertruck, fue ubicado el presunto integrante de esta red delictiva.
Al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero fue interceptado conforme a los protocolos de actuación. Durante la revisión preventiva, los oficiales aseguraron diversos objetos relacionados con la presunta operación de máquinas tragamonedas.
El detenido, de 26 años de edad, no pudo acreditar su legal estancia en el país, por lo que fue presentado ante el Instituto Nacional de Migración, instancia que determinará su situación jurídica.
Las autoridades informaron que el Operativo Interinstitucional contra la Extorsión se mantiene activo en distintos puntos de Jalisco, con acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de desarticular redes delictivas y proteger a la ciudadanía de estas prácticas ilícitas.
Este hecho vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en los corredores carreteros de la zona Costa-Sierra Occidental, una región clave para la actividad turística y productiva del estado.
El sector empresarial de Jalisco se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de José Adrián Corona Radillo, reconocido productor de tequila y presidente de Grupo Corona, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el municipio de Atenguillo luego de haber sido secuestrado por un grupo armado.
De acuerdo con información oficial de la Fiscalía del Estado, el empresario fue privado de la libertad el 27 de diciembre de 2025 cuando viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta.
El ataque ocurrió sobre la carretera que conecta a Talpa de Allende, específicamente en el punto conocido como Crucero Volcanes, donde hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaban.
Testimonios recabados por las autoridades señalan que los agresores despojaron a los acompañantes de pertenencias personales antes de llevarse por la fuerza al empresario, abandonando a su pareja e hijos en el lugar de los hechos.
Tras dos días de búsqueda, el 29 de diciembre, el cuerpo de Corona Radillo fue localizado a un costado de una carretera en la misma región donde ocurrió el secuestro.
Los peritajes forenses establecieron que la víctima presentaba señales evidentes de violencia y al menos un impacto de arma de fuego, lesiones que le provocaron la muerte.
Luego de concluir los protocolos de identificación y las diligencias ministeriales, los restos fueron entregados a la familia el 1 de enero de 2026. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.
Este hecho vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en los corredores carreteros de la zona Costa-Sierra Occidental, una región clave para la actividad turística y productiva del estado.
