Están por presuntamente estar relacionadas con los fraudes de tiempos compartidos, sobre todo, en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este miércoles a 13 empresas mexicanas y cuatro personas relacionadas con la comisión de fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, encabezados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los principales miembros del CJNG implicados son: Julio César Montero Pinzón (“Montero”), sancionado previamente en 2022; Carlos Andrés Rivera Varela (“Rivera”), designado en 2021, y Francisco Javier Gudiño Haro (“Gudiño”).
También se sancionó a Michael Ibarra Díaz Jr. (“Ibarra”), empresario de Puerto Vallarta con más de 20 años en el negocio turístico y formación en contabilidad, acusado de operar para el CJNG.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las personas y empresas sancionadas operan en la zona turística de Puerto Vallarta y sus alrededores.
Según las autoridades norteamericanas, el grupo CJNG complementa sus ganancias por narcotráfico con ingresos de otras actividades ilícitas como el fraude de tiempos compartidos, robo de combustible, extorsión y otras actividades.
La acción se coordinó con el FBI, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México. Acusan que desde 2012, el CJNG tomó control de esquemas de fraude en Puerto Vallarta y zonas cercanas, operando centros de llamadas con teleoperadores que dominan el inglés y apuntan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos, a menudo adultos mayores.
El fraude se alimenta de información filtrada por empleados de complejos turísticos. Los delincuentes se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de empresas de bienes raíces, viajes o servicios financieros en EE. UU., y ofrecen comprar o rentar propiedades, pidiendo pagos anticipados de “honorarios” e “impuestos” a cuentas en bancos o casas de bolsa mexicanas.
Modalidades comunes incluyen estafas de reventa, rearrendamiento e inversión en tiempos compartidos. Las víctimas, tras enviar los pagos, nunca reciben el dinero prometido y suelen ser presionadas para seguir pagando supuestos trámites.
También se registran estafas de revictimización, donde se finge ser un despacho jurídico o incluso un funcionario de OFAC que exige multas para liberar fondos o evitar prisión.
