Armenta se posiciona entre los mejores gobernadores del país en seguridad y desempeño

Armenta se posiciona entre los mejores gobernadores del país en seguridad y desempeño

El mandatario poblano ha impulsado mecanismos de participación ciudadana y promovido la transparencia en la gestión pública.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se posiciona dentro del top ten a nivel nacional en materia de seguridad, cercanía con la ciudadanía y desempeño general, de acuerdo con una encuesta realizada por la casa consultora Rubrum.

El estudio evaluó tres aspectos clave de la gestión gubernamental.

En el rubro de Seguridad Pública, Armenta se ubicó en el cuarto lugar; en Cercanía con la población, alcanzó la quinta posición; mientras que en Desempeño general de los gobernadores, se colocó en el sexto puesto.

Estos resultados reflejan las acciones implementadas durante su administración en Puebla, entre las que destacan estrategias de coordinación con estados vecinos para combatir la delincuencia, así como la instalación de torres de videovigilancia para fortalecer la seguridad.

Asimismo, el mandatario ha impulsado mecanismos de participación ciudadana y promovido la transparencia en la gestión pública, elementos que han contribuido a su posicionamiento en la evaluación nacional.

Sheinbaum pide que gasolineros “no se pasen de lanza” con la subida del precio del diésel

Sheinbaum pide que gasolineros “no se pasen de lanza” con la subida del precio del diésel

Se informó que más de 8 mil gasolineras en el país venden el diésel por encima del tope establecido.

El subsidio para evitar el incremento en el precio de los combustibles representa un costo de 5 mil millones de pesos semanales para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien llamó a los gasolineros a “no pasarse de lanza” ante el incumplimiento del tope en el precio del diésel.

La mandataria señaló que, pese al acuerdo voluntario para vender el diésel en un máximo de 28.30 pesos por litro, en diversas estaciones el combustible se comercializa hasta 6 pesos por encima de ese límite, de acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Energía.

Ejemplificó que en el expendio Desarrolladora Marina Puerto Escondido, en Baja California Sur, el diésel alcanza los 34.74 pesos por litro, en un contexto de presiones internacionales en los precios de los energéticos.

Además, se informó que más de 8 mil gasolineras en el país venden el diésel por encima del tope establecido, lo que ha llevado al gobierno federal a reforzar el llamado para evitar incrementos injustificados.

Sheinbaum advirtió que el esfuerzo fiscal que realiza el gobierno para contener los precios busca proteger la economía de los consumidores, por lo que insistió en que los empresarios del sector deben respetar los acuerdos establecidos.

El promedio nacional del diésel se mantiene por encima del límite pactado, con precios que en algunos casos superan los 30 pesos por litro.

Reiteró que el acuerdo con gasolineros tiene como objetivo estabilizar los precios ante el impacto de factores internacionales, aunque no descartó medidas adicionales en caso de persistir el incumplimiento.

SCJN avala que UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

SCJN avala que UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

El máximo tribunal determinó que el bloqueo de cuentas constituye una medida cautelar.

Con seis votos a favor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa.

La resolución también establece que la autoridad está facultada para incluir a personas en la lista de bloqueados cuando existan indicios suficientes de su posible relación con delitos como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

El máximo tribunal determinó que el bloqueo de cuentas constituye una medida cautelar, no una sanción definitiva, por lo que debe respetar en todo momento los derechos de audiencia y defensa de las personas involucradas.

Con este fallo, la Corte refuerza las atribuciones del Estado para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.