Sheinbaum confirma que pidió la extradición de dos personas ligadas al Caso Ayotzinapa
La petición la hizo la propia presidenta a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la reunión que sostuvieron el pasado 3 de septiembre
La petición la hizo la propia presidenta a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la reunión que sostuvieron el pasado 3 de septiembre
El fallecimiento ocurre en un momento en que la Marina enfrenta señalamientos públicos relacionados con presuntos casos de corrupción.
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de uno de sus integrantes durante un ejercicio de adiestramiento con tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.
En un breve comunicado, la dependencia federal señaló que el deceso ocurrió de manera accidental durante la práctica y manifestó su solidaridad con la familia del marino.
“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos (…) y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo conforme a lo establecido por la ley”, indicó.
Aunque la institución no reveló la identidad del militar ni las circunstancias específicas del accidente, medios locales reportaron que se trataría de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, capitán de la Marina y responsable del puerto de Manzanillo, Colima.
El fallecimiento ocurre en un momento en que la Marina enfrenta señalamientos públicos relacionados con presuntos casos de corrupción en puertos estratégicos del país.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que se trata de «una situación totalmente de orden personal».
El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, falleció el lunes 8 de septiembre en circunstancias que están siendo investigadas.
Aunque había sido mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico por presuntos sobornos relacionados con contrabando de huachicol fiscal, las autoridades federales aclararon que no estaba vinculado a los casos en investigación.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, indicó que se trata de «una situación totalmente de orden personal» y de «un asunto de otra naturaleza».
El hecho ocurre en el contexto de investigaciones por huachicol fiscal que han derivado en la detención de al menos 14 personas, incluidos marinos, trabajadores de aduanas y empresarios. Entre los detenidos se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías y el capitán de navío Climaco Aldape Utrera, vinculados a proceso por delincuencia organizada con fines de delitos con hidrocarburos.
La Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones y ha asegurado que no habrá impunidad. Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento del capitán Pérez Ramírez.
Dijo que la investigación continúa y que se mantendrá la coordinación de todas las instituciones para combatir la corrupción.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que no habrá impunidad en casos de robo de combustible y corrupción vinculados con elementos de la Secretaría de Marina (Semar). La declaración se dio durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El secretario destacó que el actuar aislado de unos cuantos no representa a la institución y reconoció el trabajo de los elementos de la Marina para garantizar la seguridad en el país.
Señaló que como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, fueron detenidas 14 personas entre empresarios y servidores públicos vinculados al mercado ilícito de combustible en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
Durante la administración, la coordinación del Gabinete de Seguridad con los estados ha permitido desarticular redes criminales, detener objetivos prioritarios, ejecutar órdenes judiciales y afectar las estructuras financieras de grupos delictivos.
Del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025, más de 32,400 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 16,000 armas de fuego y 245 toneladas de droga, entre ellas más de 3,600,000 pastillas de fentanilo, además de inhabilitar 1,400 laboratorios de metanfetamina en 22 estados y alrededor de 47 toneladas de cocaína en altamar.
En las últimas dos semanas se detuvo a 1,600 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 552 armas de fuego, más de cinco toneladas de drogas y 53 laboratorios de metanfetamina. Entre los casos más recientes destacan detenciones en Chihuahua, Estado de México, Acapulco, San Luis Potosí, Tabasco y Sinaloa, vinculadas con homicidios, tráfico de droga, extorsión, secuestro, contrabando de combustible y feminicidio. Durante estos operativos se rescataron menores de edad y se aseguraron armas, vehículos, hidrocarburo y equipo relacionado con la delincuencia organizada.
En materia de extorsión, del 6 de julio al 3 de septiembre se recibieron 43,682 llamadas al número 089, de las cuales 31,411 correspondieron a extorsiones no consumadas. Gracias a estas denuncias se iniciaron 1,436 carpetas de investigación y se detuvo a 239 personas en 19 entidades federativas. Entre los casos recientes destacan acciones en Acapulco, Guerrero; Chalco, Estado de México; y Puebla, donde se intervinieron secuestros virtuales y se detuvo a líderes de células delictivas dedicadas a extorsión, homicidio y narcomenudeo.
García Harfuch enfatizó que la investigación continúa y que se mantendrá la coordinación de todas las instituciones para combatir la corrupción, la delincuencia organizada y garantizar la seguridad en todo el país.
La impunidad en el caso de Ruvalcaba refleja la indiferencia del gobernador Pablo Lemus ante los asesinatos de mujeres.
A cuatro meses del asesinato de la regidora y jefa de enfermeras Cecilia Ruvalcaba, la Fiscalía de Justicia de Jalisco y el gobierno de Pablo Lemus no tienen avances contundentes ni certezas sobre los responsables.
El crimen, ocurrido el 9 de mayo dentro del hospital comunitario de Teocaltiche, permanece impune y exhibe la fragilidad de las instituciones frente a la violencia que desangra a la región alteña.
Aunque las autoridades han presumido investigaciones y detenciones, la realidad es otra:
-La Fiscalía aseguró tener como principal sospechoso a Francisco “N”, alias El Coyote, detenido en mayo y señalado como uno de los atacantes. Sin embargo, sus supuestos vínculos con otros homicidios en Teocaltiche aún no han sido acreditados.
-Paralelamente, se indaga si Víctor Manuel Villalpando, líder criminal ejecutado en Fresnillo en julio, tuvo relación con el asesinato de la regidora, pero la propia vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas reconoció que “aún no se tiene una conclusión”.
-A esto se suman los tropiezos judiciales: en junio, dos presuntos integrantes de la banda de El Coyote fueron liberados por un juez, al considerar ilegales sus detenciones.
Mientras tanto, en Teocaltiche la violencia se desborda. En medio de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS), circularon videos y mantas en los que ambos grupos se acusan mutuamente del asesinato de la regidora. El crimen, que conmovió a la comunidad por haberse cometido dentro de un hospital, se convirtió en bandera propagandística de los cárteles, sin que la autoridad estatal logre dar certeza ni justicia.

Lo más grave es que el asesinato de Cecilia Ruvalcaba no es un caso aislado. Según un recuento, al menos 12 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2025 en Teocaltiche y municipios cercanos. Entre ellas, adolescentes, trabajadoras y madres de familia, víctimas de la misma violencia armada que golpea a la región y que ha sido ignorada por el gobierno estatal.
La impunidad en el caso de Ruvalcaba refleja la indiferencia del gobernador Pablo Lemus ante los asesinatos de mujeres, una tragedia que crece sin respuesta institucional.

Pablo Lemus
A pesar de los anuncios mediáticos y las declaraciones oficiales, los hechos muestran un estado rebasado por el crimen organizado y un aparato de justicia incapaz de cumplir su función más básica: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanas.