Arturo Espinoza Jaramillo es señalado por el sector constructor no solo como un funcionario ineficiente, sino como el operador de un sistema de triangulación y presión que parece extraído de las peores épocas del régimen que Morena prometió desterrar
Por Luis Alberto Beltrán | Twitter: @reporteroyosoy
En el México de la «Segunda Etapa de la Transformación», donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha endurecido el discurso contra la corrupción y el influyentismo, el Gobierno de Baja California mantiene una anomalía que se vuelve insostenible. La figura de Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la SIDURT, se ha convertido en el epicentro de una crisis de credibilidad que no solo salpica a la gobernadora Marina del Pilar, sino que desafía directamente los principios de honestidad que Morena enarbola como bandera máxima.
Bajo la sombra de una sospecha generalizada, Espinoza Jaramillo es señalado por el sector constructor no solo como un funcionario ineficiente, sino como el operador de un sistema de triangulación y presión que parece extraído de las peores épocas del régimen que Morena prometió desterrar.
El Desafío a la Ética de Sheinbaum
Mientras desde el centro del país se dicta que «no puede haber gobierno rico con pueblo pobre» y se vigila con lupa cada contrato, en la SIDURT de Espinoza Jaramillo el presupuesto parece ser una sugerencia flexible. La sola insinuación de corrupción y el uso de la obra pública para favorecer a un círculo de empresas ligadas al poder, presuntamente bajo la venia del exesposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, representa una afrenta directa a la narrativa de probidad de la administración federal.
En política, la sospecha es un hecho cuando se vuelve generalizada: que un funcionario con raíces panistas y vínculos empresariales profundos maneje la chequera más grande del estado bajo tales señalamientos, coloca a Baja California en una posición de rebeldía ética frente a los estándares de la «Nueva República».
El Sistema de «Selección Dirigida» y Presión
Las denuncias que emanan desde las cámaras de construcción no son menores: describen a un secretario que, a través de su director técnico, David Alejandro Pereda Sáenz, ha establecido un embudo donde solo pasan quienes aceptan las condiciones del grupo en el poder. No es solo el favoritismo a empresas como Cinco Contemporánea o Constructora Cadena; es la presunta presión hacia los constructores para adquirir materiales o subcontratar servicios con proveedores específicos, cerrando un círculo de beneficio privado con recursos públicos.
Esta «triangulación» no es solo una falta administrativa; es la traición al postulado de «no robar, no traicionar». El incremento del 80% en el costo de obras críticas, como el paso a desnivel en Tijuana, no se lee en el sector como un error de cálculo, sino como una extracción deliberada de fondos en un momento de vulnerabilidad política para la gobernadora.
¿Lealtad a la Gobernadora o al Exmarido?
La crisis de credibilidad de Espinoza Jaramillo se agrava por su origen: es visto como el último gran bastión de la influencia de Carlos Torres en el gabinete. En un contexto donde Torres es investigado por nexos con redes de lavado de dinero, la permanencia de Espinoza en la SIDURT deja una pregunta en el aire que erosiona la autoridad de Marina del Pilar: ¿A quién le rinde cuentas realmente el Secretario de Infraestructura?
La sospecha de que bajo la gobernadora opera un funcionario corrupto amparado en un poder fáctico externo liquida la confianza ciudadana. En el esquema de Sheinbaum, la honestidad no solo debe ejercerse, debe parecerse. Y en la SIDURT de Espinoza Jaramillo, ni la forma ni el fondo resisten un análisis de transparencia básico.
La Hora de la Definición
Para la administración estatal, mantener a Espinoza Jaramillo ya no es una decisión técnica, sino un posicionamiento político. Ignorar las voces de los constructores y los evidentes sobrecostos es aceptar que en Baja California la «transformación» se detuvo en la puerta de la SIDURT para dar paso a un esquema de negocios que hoy tiene al gobierno estatal cercado por la sospecha federal y el desprecio local.
