Ni el gobernador Pablo Lemus, ni la Fiscalía del Estado, ni la Secretaría de Seguridad de Jalisco han informado quién o quiénes fueron los responsables, ni han anunciado detenciones relacionadas con estos hechos.
A un año de la desaparición de ocho policías municipales de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, el caso continúa sin avances sustanciales, sin responsables identificados y sin personas detenidas, pese a que la Fiscalía del Estado afirma haber realizado al menos 60 interrogatorios.
Los hechos ocurrieron el 18 de febrero de 2025, cuando ocho elementos de la Policía Municipal y el chofer de la camioneta en la que viajaban, desaparecieron mientras se dirigían al municipio de Lagos de Moreno.
Horas después, fueron localizados los cuerpos de cuatro policías dentro de bolsas de plástico negras, abandonadas a un costado de la carretera Jalostotitlán–Teocaltiche.
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Un día después, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó el hallazgo de restos humanos y de una cartulina con el mensaje: “Esto me pasa por trabajar con Mario”, sin que hasta la fecha se haya informado a quién hacía referencia el mensaje ni si esa línea de investigación fue esclarecida.
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que los restos correspondían a cuatro de los ocho policías desaparecidos, identidad que fue corroborada por sus familiares.
Sin embargo, casi un año después, la dependencia mantiene abiertos peritajes y estudios de ADN en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sin presentar resultados concluyentes ni avances públicos relevantes.
Pese a la gravedad del caso —la desaparición y asesinato de elementos de seguridad pública—, ni el gobernador Pablo Lemus, ni la Fiscalía del Estado, ni la Secretaría de Seguridad de Jalisco han informado quién o quiénes fueron los responsables, ni han anunciado detenciones relacionadas con estos hechos.
La fiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, ha señalado que continúan los operativos de búsqueda y el contacto con los familiares; no obstante, estas declaraciones contrastan con la ausencia de resultados concretos y el silencio institucional que ha marcado el caso durante casi un año.
La falta de avances, la opacidad en la investigación y la inexistencia de responsables exhiben las deficiencias del Gobierno de Jalisco en materia de seguridad, procuración de justicia y rendición de cuentas, incluso cuando las víctimas son policías en activo. A un año de los hechos, la impunidad sigue siendo la constante.
