La exigencia es directa para Clara Brugada, Bertha Alcalde y Pablo Vázquez: que se investigue, se esclarezcan las circunstancias en las que fue liberado el conductor, se revisen las actuaciones de los servidores públicos y se garantice que existan pruebas suficientes para que se haga justicia.
La familia de Jatziri, una menor de edad que lucha por su vida luego de ser atropellada y arrastrada aproximadamente 10 metros por una pipa el pasado 9 de noviembre, exigió justicia y pidió la intervención de las máximas autoridades de la Ciudad de México ante las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de la Fiscalía de Coyoacán Uno y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos al Sector Coyoacán.
A través de su madre, Estefani Mendoza, la familia solicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, que investiguen cómo se atendió el caso, por qué fue liberado el conductor involucrado y si existió algún tipo de irregularidad en las actuaciones ministeriales y policiales.
De acuerdo con el testimonio de Estefani Mendoza, el conductor de la pipa, identificado como Sebastián Acevedo Ávila, de 21 años, habría realizado una vuelta en un lugar donde no estaba permitido y, presuntamente, al intentar darse a la fuga, atropelló a Jatziri y la arrastró cerca de 10 metros.
La violencia del impacto y el arrastre le provocaron lesiones de extrema gravedad, al grado de que la menor perdió una pierna. Actualmente, su estado de salud es crítico y su familia teme por su vida.
Uno de los aspectos que más indignación ha generado entre sus familiares es que, según la denuncia de su madre, el conductor fue detenido inicialmente, pero quedó en libertad al día siguiente del accidente.
Estefani Mendoza cuestionó que, durante las primeras actuaciones, se habría manejado ante los policías una versión que responsabilizaba a la menor y a su acompañante, Juan Pablo Leal Manzanares, mayor de edad, bajo el argumento de que el conductor de la pipa no se había percatado de su presencia.
Ante esta situación, la madre de Jatziri también emprendió la búsqueda de grabaciones de cámaras de videovigilancia cercanas al lugar del accidente, con la intención de obtener pruebas que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.
Sin embargo, aseguró que encontró diversos obstáculos: algunas cámaras no funcionaban, en otros domicilios no le abrieron la puerta y algunas personas se negaron a proporcionarle las grabaciones.
Incluso, señaló que buscó obtener imágenes de una cámara del C5 identificada con el número 14454. No obstante, después de comunicarse a través del 911, le informaron que esos equipos no graban y que, por lo tanto, no podían proporcionarle los videos.
Frente a este escenario, la familia insistió en que no permitirá que el caso quede impune y exigió que se revise a fondo la actuación de los funcionarios de la Fiscalía de Coyoacán Uno y de los policías del Sector Coyoacán que intervinieron en la atención del accidente.
La exigencia es directa para Clara Brugada, Bertha Alcalde y Pablo Vázquez: que se investigue, se esclarezcan las circunstancias en las que fue liberado el conductor, se revisen las actuaciones de los servidores públicos y se garantice que existan pruebas suficientes para que se haga justicia.
Mientras el conductor ya se encuentra en libertad, Jatziri permanece luchando por su vida y su familia enfrenta las consecuencias de un accidente que, sostiene, no ha sido investigado con la seriedad que merece.
La familia no pide favores, exige justicia para Jatziri y que ninguna responsabilidad sea encubierta.
