El decreto establece que las empresas deberán impedir que las personas menores de edad accedan, sean expuestas o reciban recomendaciones de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, violencia sexual, en otros.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles un decreto que obliga a las plataformas digitales a identificar y retirar contenidos que promuevan violencia, acoso, abuso y explotación sexual, entre otras conductas que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

Durante la presentación del instrumento, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei participaron en reuniones con el gobierno federal y estuvieron de acuerdo con la implementación de las medidas.

Explicó que las plataformas tendrán un plazo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar las disposiciones y documentar las acciones realizadas para cumplirlas.

Sheinbaum señaló que las empresas solicitaron un mes para realizar los ajustes necesarios en sus sistemas y advirtió que, si las medidas no se cumplen, el gobierno podría impulsar una ley que contemple sanciones para las plataformas digitales.

El decreto establece que las empresas deberán impedir que las personas menores de edad accedan, sean expuestas o reciban recomendaciones de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, violencia sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

También deberán verificar la edad de sus usuarios, clasificar los contenidos por rangos de edad, habilitar herramientas de supervisión parental y establecer mecanismos para reportar y retirar publicaciones que representen riesgos.

Otra de las obligaciones consiste en configurar de manera predeterminada opciones de privacidad y seguridad para proteger a niñas, niños y adolescentes, así como disponer de puntos de contacto para colaborar con las autoridades investigadoras y preservar y entregar información relevante para las indagatorias.

Alcalde precisó que el decreto se sustenta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que su objetivo es garantizar entornos digitales seguros.

Indicó que el instrumento es obligatorio, pero no contempla sanciones directas, por lo que se abrirá un espacio de discusión para analizar posibles regulaciones adicionales que fortalezcan la protección de menores en internet.

El gobierno federal también prevé acciones coordinadas con las secretarías de Educación Pública y de Salud, entre ellas la difusión de información sobre salud mental, el uso consciente de redes sociales y los servicios de orientación psicológica de la Línea de la Vida.