La OFAC del Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según autoridades estadounidenses, forman parte o facilitan las operaciones del Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según autoridades estadounidenses, forman parte o facilitan las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Entre ellos está Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada, a quien el Tesoro identifica como actual líder de Los Mayos.

La OFAC también sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar. El Tesoro estadounidense lo señala como un operador político presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa y asegura que habría utilizado su influencia para facilitar actividades de la organización en Baja California.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con las personas designadas.

El Departamento de Estado revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a su afiliación con el cártel y a su labor en nombre del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Tesoro. La dependencia lo ubica en el centro de una trama de narcocorrupción en Baja California y le atribuye una alianza con Juan José Ponce Félix, «El Ruso», jefe de Los Rusos, subfacción del Cártel de Sinaloa que domina Mexicali.

El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, también sancionado, mantiene igualmente una alianza con «El Ruso», según el Tesoro.

La dependencia afirma que Mendivil recibió sobornos de «El Ruso» a cambio de que el cártel controlara la policía municipal de Mexicali para facilitar el tráfico de drogas y ejecutar operaciones de fuerza de la organización.

Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil para permitir que el cártel operara con impunidad en el estado, indica el Tesoro, mientras que Luis Alfonso Torres se encargaba de cobrar esos sobornos y de lavar los fondos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.