Las autoridades identificaron a 17 personas más implicadas en el caso; se llevó a cabo un análisis en donde se identificaron comunicaciones entre servidores públicos, personas ligadas a la delincuencia y particulares
La Secretaría de Gobernación presentó este lunes su informe en el marco del 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial Mauricio Pazarán explicaron que la indagatoria reanalizó documentos y registros telefónicos acumulados durante 12 años mediante nuevas tecnologías.
El reanálisis telefónico de las comunicaciones ocurridas en septiembre de 2014 identificó a 17 nuevos objetivos que conectan a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos con policías locales y empresarios funerarios.
El rastreo técnico de las líneas telefónicas reveló que diversos dispositivos pertenecientes a las víctimas cayeron en manos de autoridades e intermediarios tras los ataques en Iguala:
• Julio César Mondragón: El equipo del estudiante torturado y asesinado fue encendido el 4 de octubre de 2014 por Rodolfo “N” (Rodolfo Rueda), propietario de las funerarias El Ángel y Funeral Económico Rueda, quien ya fue detenido junto a familiares.
• Jorge Antonio Tizapa Legideño: Su teléfono fue operado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 por el entonces director de Tránsito de Iguala, Mauro Antonio “N”. El exfuncionario fue aprehendido el 3 de marzo de 2026 por delincuencia organizada, acumulando el 25 de agosto de ese mismo año una orden de aprehensión por desaparición forzada.
• Jorge Aníbal Cruz Mendoza: El 30 de septiembre de 2014, un agente activo de la Policía Municipal de Iguala —presente la noche de las agresiones— utilizó el dispositivo móvil del normalista, colocándole posteriormente un chip distinto y entregándolo a su pareja sentimental.
• Israel Caballero Sánchez: El celular de la víctima fue utilizado tras la tragedia por la esposa de un exservidor público adscrito al Tribunal de Barandilla de Iguala.
Esta última evidencia fortalece la hipótesis de que parte de los alumnos fueron trasladados a las instalaciones de Barandilla, contradiciendo la versión del entonces juez calificador José Ulises Bernabé García, quien sostuvo que esa noche solo ingresaron seis detenidos ajenos a los normalistas.
Bernabé García huyó a Estados Unidos en abril de 2015, donde obtuvo asilo en 2020; actualmente enfrenta una orden de aprehensión vigente por desaparición forzada y un proceso de extradición en curso.
Las investigaciones situaron a la familia Rueda Mason al frente de la operación del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala desde 2010, bajo supervisión del gobierno estatal de Guerrero.
Dicha familia concentraba la concesión de las funerarias locales, el Semefo y la administración del panteón municipal, lo que les otorgaba el control absoluto sobre la cadena de custodia de cadáveres: levantamiento, identificación, emisión de certificados de defunción, resguardo y autorización de inhumaciones o cremaciones.
Los registros telefónicos mostraron que durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el empresario Rodolfo “N” sostuvo comunicación directa con integrantes de Guerreros Unidos identificados como “La Gaby”, “El Chucky” (ambos fallecidos) y “El Gusano”.
Asimismo, se detectaron ocho llamadas entre Rodolfo “N” e Irving “N” (entonces estudiante y hoy nutriólogo), quien a su vez mantenía contacto simultáneo con los citados miembros de la organización criminal.
Como resultado de esta línea de investigación, siete personas vinculadas a la funeraria El Ángel y al Semefo fueron detenidas y trasladadas al penal de máxima seguridad de El Altiplano para ser procesadas.
Entre los hallazgos periciales más relevantes, la fiscalía detalló que el 26 de marzo de 2026 se localizaron restos óseos ocultos y enterrados en la parte trasera del Semefo de Iguala.
Al practicar los análisis genéticos, se determinó que estos restos coincidían con un fragmento óseo hallado el 17 de diciembre de 2021 a 123 kilómetros de distancia, en el camino a las antenas de Mezcaltepec, municipio de Taxco, lo que abre nuevas interrogantes sobre el traslado e incineración de cuerpos.
