La mandataria federal defiende investigación por soberanía en ese caso y el de Sinaloa.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no implica una acusación en su contra, sino que forma parte de una investigación derivada de un operativo en la sierra tarahumara donde murieron cuatro personas, incluidos dos agentes extranjeros.
“No es un asunto político, no tiene que ver con ir en contra de la gobernadora; es una investigación de la Fiscalía por la participación de agentes extranjeros en un operativo, y tiene que ver con el cumplimiento de la ley y la soberanía nacional».
Explicó que el caso se originó cuando autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ubicaron un laboratorio de metanfetaminas, el cual posteriormente fue desmantelado por la autoridad federal. Sin embargo, durante el operativo participaron dos agentes extranjeros, lo que motivó la apertura de una investigación, ya que la legislación mexicana prohíbe que estos realicen acciones operativas en campo.
Señaló que, conforme a la ley, los agentes de otros países deben registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y limitar su actuación a tareas de inteligencia o colaboración, sin sustituir a las autoridades nacionales. En ese sentido, subrayó que el punto central no es el combate al narcotráfico, sino esclarecer por qué hubo presencia extranjera en un operativo directo.
La mandataria rechazó que exista un trasfondo político contra la gobernadora y sostuvo que la Fiscalía está entrevistando a distintos involucrados para determinar si hubo alguna violación legal. Añadió que incluso hubo consecuencias internas, como la renuncia de un fiscal estatal, lo que refuerza la relevancia del caso.
Sobre la relación con Estados Unidos, enfatizó que no se trata de un conflicto, sino de garantizar que la cooperación bilateral se mantenga dentro de los límites legales y con respeto a la soberanía nacional. Indicó que el gobierno mexicano ya ha comunicado esta postura a la representación diplomática estadounidense.
En cuanto al caso de Sinaloa, detalló que el gobierno de Estados Unidos envió una solicitud de detención con fines de extradición contra varios funcionarios, pero tras ser revisada, la Fiscalía determinó que no existían pruebas suficientes.
Por ello, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se notificó esta conclusión y se inició una investigación propia en territorio nacional.
Sheinbaum sostuvo que estos casos no deben interpretarse como encubrimiento, sino como una aplicación estricta de la ley, en la que ninguna acusación puede proceder sin evidencia. Añadió que permitir decisiones externas sin sustento pondría en riesgo la soberanía, especialmente tratándose de autoridades electas.
Y, afirmó que México debe mantener claridad en su relación con gobiernos extranjeros, privilegiando la coordinación sin injerencias, y advirtió que también es necesario estar atentos ante posibles intentos de influir en procesos electorales futuros.
