Durante los operativos fue detenido Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de drogas.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de más de 270 kilogramos de fentanilo en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, como resultado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y del intercambio constante de información con la DEA de Estados Unidos.
De acuerdo con la información dada a conocer, las acciones operativas permitieron retirar de las calles aproximadamente 14 millones de dosis de esta droga sintética.
Durante los operativos fue detenido Yair “N”, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina. En las acciones también fueron arrestadas seis personas más, además de que se localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos.
Las detenciones y aseguramientos fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).
Las autoridades identificaron dos domicilios en el municipio de Villa de Álvarez que eran utilizados como laboratorio clandestino y bodega para el almacenamiento de drogas sintéticas. Tras labores de vigilancia fija y móvil, se obtuvieron datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo correspondientes.
Mediante un despliegue coordinado se ejecutaron los cateos, donde además de las detenciones se aseguró un laboratorio clandestino, una bodega para el resguardo de narcóticos y aproximadamente 270 kilos de una sustancia con características similares al fentanilo, tanto en polvo como en pastillas.
Las autoridades señalaron que las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de la autoridad.
