En noviembre, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que los seis elementos del Ejército implicados en el hecho permanecen recluidos en una prisión de Mazatlán
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 201VG/2025 a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) por violaciones graves a los derechos humanos de dos niñas que perdieron la vida, lesiones a otras cuatro, entre ellas dos menores de edad, en Badiraguato, Sinaloa.
Alexa y Leydi eran dos primas de 7 y 11 años respectivamente. El 6 de mayo, las dos niñas viajan a junto a sus familiares Saúl Rojas de 45 años, Anabel de 40, Gael de 12 y otra menor de edad en una camioneta GMC por Badiraguato, Sinaloa, cuando fueron interceptados por agentes militares y posteriormente, atacados con armas de fuego.
Según lo ocurrido, los militares, adscritos al 42 Batallón de Infantería, Guamúchil, rodearon la camioneta y, apuntando sus armas hacia los ocupantes, les ordenaron descender; ante lo cual dos de ellos indicaron que no portaban armas y que únicamente transportaban a niñas y adolescentes.
La investigación permitió acreditar violaciones graves a los derechos humanos por el uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego, que derivó en la vulneración al derecho a la vida de las dos víctimas que perdieron la vida; a la integridad personal y seguridad jurídica de cuatro personas más; así como al interés superior de la niñez y al derecho a la familia, al acreditarse que militares utilizaron de manera desproporcionada la fuerza al interceptar el vehículo en que se desplazaban.
Al accionar sus armas de fuego, los militares no privilegiaron la adopción de medidas para garantizar o salvaguardar la vida y la integridad de quienes viajaban en la camioneta, aun cuando manifestaron que la agresión derivó de que escucharon disparos, pero no se cercioraron de que éstos provinieran de sus ocupantes.
La CNDH solicitó a la DEFENSA efectuar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la inmediata reparación integral del daño ocasionado, que incluya la medida de compensación y/o compensación complementaria correspondiente y gestionar que se les brinde la atención médica, psicológica y/o tanatológica que requieran.
Colaborar en el trámite de las denuncias que este Organismo Nacional inicie ante el Órgano Interno de Control competente sobre la responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas de la DEFENSA que participaron en los hechos y dar seguimiento a las investigaciones iniciadas, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en el fuero militar.
También deberá impartir un curso de capacitación especializado en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, particularmente dirigido a quienes al momento de los hechos integraban la Base de Operaciones “Bravo 5”, quienes desempeñan actividades de seguridad en varios municipios de Sinaloa; además de emitir una circular con el contenido de dicho curso.
Por último, la DEFENSA deberá ofrecer una disculpa institucional en la que se reconocerán los hechos y aceptará la responsabilidad por las violaciones graves a derechos humanos, la cual será realizada a través de su Dirección General de Derechos Humanos y restituir el vehículo automotor en el que se transportaba la familia y que pertenece a una de las víctimas.
