Legisladores señalan fallas en la estrategia de seguridad del gobierno de Pablo Lemus.
La ola de violencia que enfrenta el municipio de Teocaltiche, en la región de Los Altos de Jalisco, llegó este miércoles al Congreso del estado, donde legisladores de diversas fracciones afirmaron que la estrategia de seguridad del gobierno de Pablo Lemus es fallida, al no contener los hechos delictivos que mantienen a la entidad en la mira nacional e internacional.
Teocaltiche vive una pugna entre grupos criminales que ha dejado 34 homicidios dolosos y 31 personas desaparecidas entre enero y octubre.
Incluso durante la feria municipal, a inicios de noviembre y pese a la presencia de fuerzas estatales y federales, se registraron cinco vehículos incendiados, tres homicidios y reportes de camionetas blindadas con armas de alto poder circulando de noche por la cabecera municipal.
En la Glosa del Primer Informe de Gobierno, diputadas y diputados confrontaron al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ante la falta de resultados.
La legisladora morenista Itzul Barrera lo increpó al señalar que, tras 268 días de gestión, Teocaltiche sigue sin pacificarse.
El secretario reconoció que la situación en Teocaltiche y los municipios del Alto Norte es “complicada” debido a la confrontación entre dos grupos criminales, aunque afirmó que se han logrado aseguramientos relevantes y detenciones como la de “El Coyote”, presuntamente implicado en el homicidio del secretario general municipal, José Luis Pereida.
Los legisladores también cuestionaron la falta de resultados en temas sensibles como desapariciones, reclutamiento de jóvenes, cobro de piso, abusos policiales y presuntos actos de corrupción en el manejo de grúas y combustible para patrullas.
El diputado Alejandro Puerto criticó la compra de Cybertrucks para tareas de seguridad y exigió indicadores que demostraran su efectividad.
Hernández admitió que no existe una medición clara del impacto de estos vehículos en la reducción del delito, aunque dijo que han apoyado operativos específicos.
También fue cuestionado por las discrepancias en las cifras oficiales de desapariciones y por no reconocer los casos de reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Respondió que han trabajado mediante campañas, redes sociales y la policía escolar para prevenir que jóvenes sean captados por grupos delictivos.
En paralelo, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, enfrentó cuestionamientos por la presunta infiltración criminal en la Fiscalía. Señaló que 249 trabajadores han sido dados de baja, que se han aplicado 2,827 controles de confianza y que existen 786 carpetas abiertas en Visitaduría por delitos cometidos por funcionarios, y reconoció que la infiltración representa un riesgo tanto para la ciudadanía como para el propio personal.
La titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP), Edna Montoya, admitió que los resultados de la dependencia han sido limitados desde su creación.
Legisladores criticaron la falta de coordinación con otras instituciones, la ausencia de indicadores de desempeño y la incapacidad de proporcionar avances concretos sobre desapariciones, zonas de riesgo o rezago forense.
Montoya reconoció incrementos en desapariciones en Lagos de Moreno y explicó que la SIBP no realiza búsqueda en campo, sino que genera estrategias e información. Su participación fue considerada insuficiente por diputados, quienes lamentaron que no pudiera responder con claridad a los cuestionamientos sobre una de las crisis más graves del estado.
