Aclaró que los agentes extranjeros no pueden intervenir en operativos dentro del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el distanciamiento entre México y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se originó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la detención en ese país del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Recordó que el general fue capturado sin pruebas, lo que derivó en su liberación y marcó un quiebre en la relación bilateral en materia de seguridad.
Sheinbaum señaló que, incluso antes, durante el sexenio de Felipe Calderón, la DEA había intervenido directamente en operativos en territorio mexicano, como el ocurrido en Morelos, donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva.
Explicó que en esa ocasión la propia agencia estadounidense se atribuyó la participación en el operativo, lo que reflejaba un esquema de intromisión de agencias extranjeras en asuntos de seguridad nacional.
“Hubo incluso una fotografía del cadáver del narcotraficante con dólares encima”, recordó.
La mandataria destacó que desde el inicio del gobierno de López Obrador se puso un alto a esa práctica, estableciendo que las operaciones de seguridad corresponden exclusivamente a las fuerzas mexicanas.
Aclaró que sí se permite la colaboración mediante intercambio de información, pero los agentes extranjeros no pueden intervenir en operativos dentro del país y deben ajustarse a la legislación nacional y a la Constitución.
Sheinbaum rechazó que exista algún acuerdo con la DEA, pese a que dicha agencia anunció un supuesto “Proyecto Portero” en conjunto con México. Precisó que el único convenio en marcha es con el Departamento de Estado de Estados Unidos, derivado de una reunión en Washington, y está próximo a concluirse.
Finalmente, subrayó que su gobierno mantendrá la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, siempre con respeto a la soberanía y sin subordinación. Detalló que la coordinación se realiza a través del Comando Norte, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, dentro de un esquema institucional y permanente.
