Operaban con complicidad política en municipios mexiquenses.
Siete personas fueron detenidas en el Estado de México como parte del Operativo Libertad, un despliegue conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales para combatir delitos de alto impacto. Las capturas se realizaron el lunes 21 de julio, tras una investigación de tres meses enfocada en una red criminal dedicada al secuestro exprés y la extorsión.
Entre los detenidos figura una regidora municipal, identificada como Yareli “N”, presuntamente vinculada a una organización criminal originaria de Michoacán. Según las autoridades, su papel era clave en la operación: imponía precios inflados en productos básicos y materiales de construcción, al tiempo que obligaba a los habitantes a comprar exclusivamente en ciertos comercios bajo amenaza.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, detalló que el grupo controlaba aspectos fundamentales de la economía local en al menos 14 municipios mexiquenses. “Manipulaban precios, restringían el comercio y limitaban la competencia mediante métodos intimidatorios”, explicó.
La red operaba como un sistema cerrado: comerciantes eran obligados a alinearse con la estructura delictiva o enfrentar represalias. Incluso empresas de paquetería y distribución eran bloqueadas si no contaban con su aprobación.
Durante los operativos, se realizaron cateos simultáneos en 52 establecimientos, donde también se encontraron indicios de delitos contra la salud, incluyendo sustancias prohibidas y equipos de comunicación.
Los otros detenidos fueron identificados como Eli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N”, José Fernando “N” y Gonzalo “N”. Todos fueron trasladados a centros penitenciarios federales, mientras se integran las carpetas de investigación por secuestro, extorsión, asociación delictuosa y delitos económicos.
El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, señaló que se investiga la posible participación de más funcionarios locales. “La infiltración institucional es una línea clave en las indagatorias”, afirmó.
Como medida preventiva, se han instalado puestos de vigilancia y rondines en los municipios intervenidos para evitar que el grupo vuelva a operar. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya ha iniciado contacto con las personas afectadas, ofreciendo apoyo legal, psicológico y acompañamiento.
Cámaras empresariales locales, que ya habían denunciado las prácticas coercitivas, celebraron la acción y exigieron garantías para operar con libertad.
Las autoridades advirtieron que podrían haber más detenciones en los próximos días, ya que la red desmantelada formaba parte de una estructura criminal más amplia, con posibles vínculos financieros y políticos en otros estados.
