Pobladores denuncian colusión entre autoridades estatales y el CJNG; exigen intervención federal y justicia por asesinato de activista.
En medio de una espiral de violencia desatada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo en Jalisco sobreviven bajo el abandono institucional. Frente al creciente terror, los habitantes —organizados en el Frente Teocaltiche Por Nuestra Gente (FTNG)— han lanzado un grito desesperado: exigen la intervención urgente de las fuerzas federales y la salida inmediata de una Policía Estatal que, lejos de protegerlos, los ha traicionado.
En un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades de seguridad federal, el Frente resumió su exigencia en una frase contundente: “Queremos más baleros y menos balas”. No es una metáfora. Teocaltiche, cuna de una economía artesanal basada en juguetes de madera y textiles, hoy ve cómo su identidad se diluye entre ejecuciones, desapariciones y miedo.
La complicidad de la Policía Estatal con el crimen organizado no es una sospecha: es una constante denunciada con pruebas, grabaciones y testimonios. Cateos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones y omisión frente a la violencia del CJNG son parte del historial reciente de una corporación que opera sin control ni consecuencias.
Entre 2024 y en lo que va del 2025, 16 personas fueron ejecutadas y cinco más desaparecidas, entre ellas cuatro policías y un civil. A esto se suma el asesinato del activista Juan Pablo Alonso, ocurrido el 30 de marzo, en lo que pobladores consideran una represalia directa por su activismo pacífico. Su muerte, como muchas otras, permanece sin justicia.
Frente a esta crisis, la demanda es clara: la comunidad pide que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tomen el control de la seguridad, y que se conforme una policía municipal legítima, formada por y para el pueblo, no por cómplices del narco.
El Frente también condenó las declaraciones del gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro, quien intentó desacreditar la lucha ciudadana sugiriendo vínculos oscuros en el asesinato de Alonso. Para los pobladores, estas palabras no son solo irresponsables, sino peligrosas.
Ahora, la responsabilidad recae sobre la Fiscalía General de la República (FGR), que debe demostrar si está del lado de la justicia o si seguirá siendo parte del silencio cómplice.
