Por Luis Fernández | @luismultimedio
Morelos.- La ejecución de un empresario restaurantero de Cuernavaca ocurrida el pasado 21 de febrero puso en alerta a los propietarios de negocios del ramo, ante la impunidad que existe en la comisión de estos ilícitos, la falta de policías en la capital y una fallida estrategia de prevención.
En los últimos tres años, al menos 7 empresarios restauranteros y gastronómicos han sido asesinados en la zona metropolitana del estado, sin que se reporte la detención de los autores materiales e intelectuales.
El último asesinato ocurrió el lunes 21 de febrero. Pablo Rivera Chávez, empresario de 28 años, propietario de los bares “Bacacho” y “Cervecería La 29”, ambos ubicados en el corredor Vista Hermosa de Cuernavaca, fue asesinado en un balneario del municipio de Jiutepec.
Los homicidas llegaron hasta la alberca donde se encontraba la víctima con unos amigos y lo ultimaron a tiros, sin que ninguna corporación estatal, municipal o federal pudiera capturarlos.
El 28 de junio del 2021, Marco Antonio “N”, y Adrián “N”, gerente y propietario, respectivamente, del bar “Calipso”, ubicado en la avenida Río Mayo de la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, fueron asesinados frente al establecimiento a la vista de los comensales. En este caso tampoco se reportaron personas detenidas.
De igual manera, el 19 de mayo del mismo año, fue asesinado Gustavo Cortés, dueño del Bar “Debraye” en pleno Centro de Cuernavaca.
También se encuentran los nombres de Francisco Pullol, propietario del “Bar BX”, Roberto Donis de “Gabana 22” y el empresario Herrera del “Bar Reptilius”.
Todos estos crímenes permanecen impunes y tienen una similitud: el cobro de piso.
La recién nombrada Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna declaró que la estrategia del municipio se basa en salirse del esquema del Mando Coordinado y trabajar de manera aislada, con apenas 150 policías para toda la ciudad y la utilización de 10 drones para prevenir el delito.
Recientemente, la funcionaria pasó por alto un mandato judicial y retiró sin sustento jurídico la protección que el municipio brindó a empresarios víctimas de extorsión y los dejó a merced de la delincuencia.
