Entre los acusados están Joaquín «El Chapo» Guzmán; Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino
Un juez federal libró siete órdenes de aprehensión contra igual número de personas, por su presunta responsabilidad en el ingreso de armas de Estados Unidos a México, a través del denominado operativo “Rápido y Furioso”, las cuales supuestamente tuvieron como destinatario final, a miembros del Cártel de Sinaloa.
Tres de las órdenes de captura fueron giradas contra Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” -quien cumple cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos-; Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-; y, Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF)
El resto de los involucrados formaron parte de la Policía Federal y se encuentran prófugos de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) señaló en un comunicado, que la conducta criminal de los imputados, tuvo por objeto traficar ilegalmente armas de fuego, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios, “lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible”.
La FGR indicó, además, que, según las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.
“Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país. En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”, detalló la FGR.
En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de “El Chapo”, quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas.
“Por lo que toca a Genaro ‘G’, existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo”, enfatizó la FGR.
Las únicas capturas que se habían realizado hasta el momento, por el caso de “Rápido y Furioso”, fue la Heraclio Osorio Arellanes, identificado como el responsable del homicidio del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, quien fue asesinado el 14 de diciembre del 2010, en la zona de Mesquite Seep, en Arizona, tras un tiroteo donde se utilizaron dos de las armas perdidas.
Las otras detenciones son la del tercer hombre de más importancia en la jerarquía de Los Zetas, Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias “El Mamito”, y de otros integrantes de la misma organización criminal, a quienes se extraditó por estar relacionados con la muerte de Jaime Zapata, agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y del intento de homicidio de su compañero Víctor Ávila, incidente ocurrido en San Luis Potosí, en febrero del 2011.
Las autoridades estadounidenses confirmaron que algunas armas usadas contra Zapata y Ávila, son las mismas que se perdieron en el operativo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), agencia que autorizó el ingreso del armamento a México.
El operativo denominado “Rápido y Furioso”, fue realizado por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), entre 2009 y 2010, durante la administración del presidente Barack Obama.
El operativo consistió en permitir ilegalmente el tráfico de unas 2 mil armas de alto poder desde Estados Unidos a México, con la intención de rastrearlas en la frontera, sin embargo, muchas de estas armas llegaron a las manos de integrantes de grupos criminales mexicanos, la mayoría a elementos del Cártel de Sinaloa.
