por Dominio Público | Feb 11, 2026 | Opinión, Principales
La detención de Diego “N” sin previo aviso al gobernador, al secretario de Seguridad estatal y al fiscal jalisciense es una señal inequívoca: no hubo condiciones para una coordinación institucional.
Raúl García Araujo @araujogar
El mensaje es directo y tiene destinatarios claros: el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández; y el fiscal jalisciense, Salvador González de los Santos. También tiene territorio marcado: Teocaltiche y Villa Hidalgo. La detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, no fue un accidente ni un hecho aislado. Fue una advertencia.
Desde el centro del poder federal se tomó una decisión que no pasó por Casa Jalisco. La captura de Diego “N” evidenció la desconfianza de la Federación hacia las instituciones estatales para enfrentar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. Cuando no hay coordinación, la Federación actúa sola. Y actúa sin avisar.
La Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó de ser un operativo regional para convertirse en una intervención quirúrgica contra ayuntamientos capturados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso de Diego Rivera confirmó lo que durante años se denunció sin consecuencias: el poder municipal convertido en una extensión del CJNG.
Diego “N” fue detenido tras cateos ejecutados por el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC.
Las acusaciones son graves: extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, desvío de recursos públicos y vínculos directos con una célula criminal.
No operaba solo. Gobernaba con una red de funcionarios hoy bajo arresto: Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. Un ayuntamiento funcionando como empresa criminal.
Y aquí está el punto que incomoda al gobierno de Jalisco: el mismo modelo ya fue plenamente documentado en Teocaltiche y Villa Hidalgo.
Lo que sigue ya no es especulación, es método. La Operación Enjambre ha demostrado que cuando existe coordinación real entre la Secretaría de Seguridad federal y las fiscalías, los resultados llegan.
En el Estado de México, el trabajo conjunto entre Omar García Harfuch y el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, iniciado en noviembre de 2024, ha derivado en la detención de 60 personas, entre servidores públicos y exfuncionarios, en 18 municipios, así como en 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos prioritarios.
Ese contraste es el que hoy pesa sobre Jalisco. Mientras en el Estado de México la Federación encontró interlocutores confiables para desmontar redes criminales incrustadas en gobiernos locales, en Jalisco optó por avanzar sola.
La detención de Diego “N” sin previo aviso al gobernador, al secretario de Seguridad estatal y al fiscal jalisciense es una señal inequívoca: no hubo condiciones para una coordinación institucional.
Por eso Teocaltiche y Villa Hidalgo no aparecen como advertencia retórica, sino como los siguientes movimientos en un tablero ya definido.
El Gobierno federal no está midiendo costos políticos ni cuidando equilibrios locales; está ejecutando una estrategia que va directo al poder municipal coludido con el crimen. El mensaje es tan claro como incómodo: cuando el Estado no actúa, alguien más lo hará. Y esta vez, el enjambre ya está en movimiento.
En Cortito: Nos cuentan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la conducción de Bertha Alcalde Luján, volvió a demostrar que la coordinación institucional puede transformar la indignación ciudadana en resultados concretos.
La detención de Gaby “N”, la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa y arrastró su cuerpo bajo su automóvil durante más de un kilómetro, generó indignación inmediata en redes sociales y medios de comunicación en todo el Valle de México.
Lo que podría haber sido solo un caso mediático se convirtió en un ejemplo de eficacia judicial.
La FGJCDMX ejecutó la orden de aprehensión por homicidio calificado tras avanzar rápidamente en la investigación del hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.
Pero lo que destaca no es solo la rapidez, sino la coordinación interinstitucional. Agentes de la Policía de Investigación localizaron a Gaby “N” en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue detenida en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Este trabajo conjunto demuestra que los casos de alto impacto social no se resuelven solo con titulares o indignación en redes, sino con inteligencia, planificación y cooperación entre estados.
por Dominio Público | Feb 8, 2026 | Lo nuestro, Principales
Ni el gobernador Pablo Lemus, ni la Fiscalía del Estado, ni la Secretaría de Seguridad de Jalisco han informado quién o quiénes fueron los responsables, ni han anunciado detenciones relacionadas con estos hechos.
A un año de la desaparición de ocho policías municipales de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, el caso continúa sin avances sustanciales, sin responsables identificados y sin personas detenidas, pese a que la Fiscalía del Estado afirma haber realizado al menos 60 interrogatorios.
Los hechos ocurrieron el 18 de febrero de 2025, cuando ocho elementos de la Policía Municipal y el chofer de la camioneta en la que viajaban, desaparecieron mientras se dirigían al municipio de Lagos de Moreno.
Horas después, fueron localizados los cuerpos de cuatro policías dentro de bolsas de plástico negras, abandonadas a un costado de la carretera Jalostotitlán–Teocaltiche.
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Un día después, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó el hallazgo de restos humanos y de una cartulina con el mensaje: “Esto me pasa por trabajar con Mario”, sin que hasta la fecha se haya informado a quién hacía referencia el mensaje ni si esa línea de investigación fue esclarecida.
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que los restos correspondían a cuatro de los ocho policías desaparecidos, identidad que fue corroborada por sus familiares.
Sin embargo, casi un año después, la dependencia mantiene abiertos peritajes y estudios de ADN en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sin presentar resultados concluyentes ni avances públicos relevantes.
Pese a la gravedad del caso —la desaparición y asesinato de elementos de seguridad pública—, ni el gobernador Pablo Lemus, ni la Fiscalía del Estado, ni la Secretaría de Seguridad de Jalisco han informado quién o quiénes fueron los responsables, ni han anunciado detenciones relacionadas con estos hechos.
La fiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, ha señalado que continúan los operativos de búsqueda y el contacto con los familiares; no obstante, estas declaraciones contrastan con la ausencia de resultados concretos y el silencio institucional que ha marcado el caso durante casi un año.
La falta de avances, la opacidad en la investigación y la inexistencia de responsables exhiben las deficiencias del Gobierno de Jalisco en materia de seguridad, procuración de justicia y rendición de cuentas, incluso cuando las víctimas son policías en activo. A un año de los hechos, la impunidad sigue siendo la constante.
por Dominio Público | Ene 25, 2026 | Lo nuestro, Principales
El inmueble ubicado en pleno centro del municipio contaba con sellos de aseguramiento que fueron rotos para ingresar
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por Dominio Público | Ene 24, 2026 | Lo nuestro, Principales
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que la FGR mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione información útil y verificable que conduzca a la captura de “El Geras”.
Durante una reunión de alto nivel en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, expresaron su preocupación por la elevada capacidad de armamento con la que operan grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco y Michoacán, con Teocaltiche como uno de los principales focos de riesgo.
En el encuentro se expuso que, en Teocaltiche, Jalisco, la SSPC detectó patrullajes de grupos armados a bordo de dos vehículos blindados tipo “monstruo”, uno blanco y otro negro, equipados con armamento de última generación, lo que representa un riesgo inminente para la población.
La detección se realizó mediante operaciones de vigilancia aérea con drones del equipo de García Harfuch, que identificaron a sicarios del CJNG circulando en noviembre de 2025.
De acuerdo con reportes de inteligencia, ambos vehículos cuentan con ametralladoras de alto poder instaladas en el techo y operadas de manera remota, una tecnología no detectada previamente en esta región.
Fuentes de la SSPC señalaron que se trata de armamento totalmente nuevo y que, hasta el momento, no se ha asegurado equipo similar en operativos previos. Cada arma tiene la capacidad de disparar entre 500 y mil balas por minuto, lo que incrementa de manera significativa su letalidad.
Durante la reunión binacional también se abordó que estos vehículos con armamento de uso prácticamente militar fueron detectados desde noviembre pasado en Teocaltiche; si bien, tras su identificación, las camionetas fueron resguardadas por el grupo criminal, las autoridades mantienen operativos activos para su localización y aseguramiento.
Ante la crisis de inseguridad en Teocaltiche, García Harfuch instruyó a su equipo a elaborar un mapa detallado de las células criminales, sus rutas de movilidad, escondites y brechas de difícil acceso, con el objetivo de desplegar un operativo sin precedentes en Jalisco para desmantelar estas estructuras. En el Gobierno Federal existe la convicción de que las autoridades locales han sido rebasadas por la violencia, por lo que desde la Federación se trabaja en una estrategia integral para recuperar el control territorial en los Altos de Jalisco.
Como parte de los acuerdos de la reunión, se planteó una estrategia de alto impacto orientada a desmantelar la estructura operativa del CJNG en la región, particularmente la encabezada por “El Doble R” y “El Geras”, considerados objetivos prioritarios y actualmente buscados por autoridades mexicanas.
El Geras
En este contexto, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que la FGR mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione información útil y verificable que conduzca a la captura de “El Geras”.
En paralelo, se expuso la grave situación de seguridad en Michoacán, donde el crimen organizado utiliza minas antipersonales, artefactos explosivos y drones con proyectiles, principalmente en la región de Tierra Caliente, que comprende municipios como Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec y Apatzingán.
La visita del director del FBI, realizada el 22 de enero en el marco del mecanismo de entendimiento entre México y Estados Unidos, incluyó dos reuniones de trabajo de alto nivel: una con la SSPC y otra con la Fiscalía General de la República (FGR). En ellas se reconoció el incremento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que impactan a ambas naciones.
Las autoridades acordaron reforzar el intercambio de información y dar continuidad a la cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial, destacando que esta coordinación ya ha generado resultados relevantes. Al término de su visita, el director del FBI regresó a Estados Unidos trasladando a dos objetivos prioritarios: una persona de nacionalidad no estadounidense, detenida por autoridades mexicanas, y un ciudadano canadiense que se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos.
Ambos gobiernos reiteraron que el respeto mutuo y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores para fortalecer la seguridad regional, con Teocaltiche como una de las prioridades inmediatas.
por Dominio Público | Ene 21, 2026 | Lo nuestro, Principales
El juez también estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Un juez de control vinculó a proceso a Antonio “N” por el delito de homicidio calificado, en relación con el asesinato de la regidora de Teocaltiche y ex candidata a la presidencia municipal, Cecilia Ruvalcaba.
Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva por un periodo de dos años.
Durante la audiencia inicial, el juez también estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, con el propósito de que el Ministerio Público reúna los elementos necesarios para avanzar hacia la etapa de sentencia.
La Fiscalía de Jalisco informó que la investigación del caso se mantiene bajo el protocolo de feminicidio, y que las indagatorias continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas en el crimen ocurrido el 9 de mayo de 2025 al interior de un hospital, donde un grupo de hombres armados ingresó durante la madrugada para someter al personal y uno de ellos disparó directamente contra la víctima.
En este contexto, el fiscal general de Justicia de Aguascalientes, Manuel Alonso García, detalló que la detención del presunto responsable fue posible gracias a trabajos de inteligencia y a la coordinación entre las fiscalías de Aguascalientes y Jalisco, luego de que el sospechoso se desplazara entre ambas entidades tras cometer el homicidio.
El funcionario explicó que, tras huir a Aguascalientes, el imputado mantuvo movimientos constantes entre ese estado y Jalisco, lo que permitió a las autoridades trazar su ruta y ubicarlo en la localidad conocida como Ladrillera de los Arellano, donde se cumplimentó la orden de aprehensión con apoyo de elementos de ambas corporaciones.
Alonso García subrayó que este caso refleja el trabajo permanente de coordinación con fiscalías de estados colindantes como Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, con el objetivo de cerrar espacios a la impunidad en delitos de alto impacto.
Cabe recordar que en mayo del año pasado fue detenido en Guadalajara Francisco “N”, alias “El Coyote”, por la presunta portación de un arma de fuego, quien es vinculado por las autoridades con los homicidios del secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche, José Luis Pereida Robles, y de la regidora Cecilia Ruvalcaba.
