Siguen congeladas cuentas de Tequila por falta de tesorero; quieren que militar dirija la policía
Al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le preocupa que aún no se tengan acuerdos para designar al tesorero
En Corto: Jalisco y Teocaltiche: bombas de tiempo
La detención de Diego “N” sin previo aviso al gobernador, al secretario de Seguridad estatal y al fiscal jalisciense es una señal inequívoca: no hubo condiciones para una coordinación institucional.
Raúl García Araujo @araujogar
El mensaje es directo y tiene destinatarios claros: el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández; y el fiscal jalisciense, Salvador González de los Santos. También tiene territorio marcado: Teocaltiche y Villa Hidalgo. La detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, no fue un accidente ni un hecho aislado. Fue una advertencia.
Desde el centro del poder federal se tomó una decisión que no pasó por Casa Jalisco. La captura de Diego “N” evidenció la desconfianza de la Federación hacia las instituciones estatales para enfrentar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. Cuando no hay coordinación, la Federación actúa sola. Y actúa sin avisar.
La Operación Enjambre, encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dejó de ser un operativo regional para convertirse en una intervención quirúrgica contra ayuntamientos capturados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El caso de Diego Rivera confirmó lo que durante años se denunció sin consecuencias: el poder municipal convertido en una extensión del CJNG.
Diego “N” fue detenido tras cateos ejecutados por el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la SSPC.
Las acusaciones son graves: extorsión sistemática a empresas cerveceras y tequileras, desvío de recursos públicos y vínculos directos con una célula criminal.
No operaba solo. Gobernaba con una red de funcionarios hoy bajo arresto: Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. Un ayuntamiento funcionando como empresa criminal.
Y aquí está el punto que incomoda al gobierno de Jalisco: el mismo modelo ya fue plenamente documentado en Teocaltiche y Villa Hidalgo.
Lo que sigue ya no es especulación, es método. La Operación Enjambre ha demostrado que cuando existe coordinación real entre la Secretaría de Seguridad federal y las fiscalías, los resultados llegan.
En el Estado de México, el trabajo conjunto entre Omar García Harfuch y el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, iniciado en noviembre de 2024, ha derivado en la detención de 60 personas, entre servidores públicos y exfuncionarios, en 18 municipios, así como en 19 sentencias condenatorias contra 17 objetivos prioritarios.
Ese contraste es el que hoy pesa sobre Jalisco. Mientras en el Estado de México la Federación encontró interlocutores confiables para desmontar redes criminales incrustadas en gobiernos locales, en Jalisco optó por avanzar sola.
La detención de Diego “N” sin previo aviso al gobernador, al secretario de Seguridad estatal y al fiscal jalisciense es una señal inequívoca: no hubo condiciones para una coordinación institucional.
Por eso Teocaltiche y Villa Hidalgo no aparecen como advertencia retórica, sino como los siguientes movimientos en un tablero ya definido.
El Gobierno federal no está midiendo costos políticos ni cuidando equilibrios locales; está ejecutando una estrategia que va directo al poder municipal coludido con el crimen. El mensaje es tan claro como incómodo: cuando el Estado no actúa, alguien más lo hará. Y esta vez, el enjambre ya está en movimiento.
En Cortito: Nos cuentan que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la conducción de Bertha Alcalde Luján, volvió a demostrar que la coordinación institucional puede transformar la indignación ciudadana en resultados concretos.
La detención de Gaby “N”, la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa y arrastró su cuerpo bajo su automóvil durante más de un kilómetro, generó indignación inmediata en redes sociales y medios de comunicación en todo el Valle de México.
Lo que podría haber sido solo un caso mediático se convirtió en un ejemplo de eficacia judicial.
La FGJCDMX ejecutó la orden de aprehensión por homicidio calificado tras avanzar rápidamente en la investigación del hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.
Pero lo que destaca no es solo la rapidez, sino la coordinación interinstitucional. Agentes de la Policía de Investigación localizaron a Gaby “N” en la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue detenida en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.
Este trabajo conjunto demuestra que los casos de alto impacto social no se resuelven solo con titulares o indignación en redes, sino con inteligencia, planificación y cooperación entre estados.
Anuncia Pablo Lemus inversión de 500 mdp para “reactivar” Tequila
El gobernador dijo que se busca que la FGR descongele las cuentas del erario municipal, desactivadas tras la detención de Rivera Navarro, para así garantizar a los funcionarios municipales el pago de su salario
A un año de la desaparición de ocho policías de Teocaltiche, el Gobierno de Jalisco sigue sin respuestas ni responsables
Ni el gobernador Pablo Lemus, ni la Fiscalía del Estado, ni la Secretaría de Seguridad de Jalisco han informado quién o quiénes fueron los responsables, ni han anunciado detenciones relacionadas con estos hechos.
A un año de la desaparición de ocho policías municipales de Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, el caso continúa sin avances sustanciales, sin responsables identificados y sin personas detenidas, pese a que la Fiscalía del Estado afirma haber realizado al menos 60 interrogatorios.
Los hechos ocurrieron el 18 de febrero de 2025, cuando ocho elementos de la Policía Municipal y el chofer de la camioneta en la que viajaban, desaparecieron mientras se dirigían al municipio de Lagos de Moreno.
Horas después, fueron localizados los cuerpos de cuatro policías dentro de bolsas de plástico negras, abandonadas a un costado de la carretera Jalostotitlán–Teocaltiche.
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Un día después, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó el hallazgo de restos humanos y de una cartulina con el mensaje: “Esto me pasa por trabajar con Mario”, sin que hasta la fecha se haya informado a quién hacía referencia el mensaje ni si esa línea de investigación fue esclarecida.
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que los restos correspondían a cuatro de los ocho policías desaparecidos, identidad que fue corroborada por sus familiares.
Sin embargo, casi un año después, la dependencia mantiene abiertos peritajes y estudios de ADN en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sin presentar resultados concluyentes ni avances públicos relevantes.
Pese a la gravedad del caso —la desaparición y asesinato de elementos de seguridad pública—, ni el gobernador Pablo Lemus, ni la Fiscalía del Estado, ni la Secretaría de Seguridad de Jalisco han informado quién o quiénes fueron los responsables, ni han anunciado detenciones relacionadas con estos hechos.
La fiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, ha señalado que continúan los operativos de búsqueda y el contacto con los familiares; no obstante, estas declaraciones contrastan con la ausencia de resultados concretos y el silencio institucional que ha marcado el caso durante casi un año.
La falta de avances, la opacidad en la investigación y la inexistencia de responsables exhiben las deficiencias del Gobierno de Jalisco en materia de seguridad, procuración de justicia y rendición de cuentas, incluso cuando las víctimas son policías en activo. A un año de los hechos, la impunidad sigue siendo la constante.
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