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El intento fallido de engañar a Sheinbaum

El tema de las niñas ya fue un hecho juzgado, e incluso, ahora se encuentra en tribunales federales, pero es de verdad vergonzoso utilizarlo para atacar a adversarios políticos, sabiendo en todo momento, que existe dinero de por medio.

Raúl García Araujo @araujogar

Es de una vileza humana utilizar el caso de dos menores de edad, ya juzgado, en Zimapán, Hidalgo, para pretender engañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El trabajo de un reportero es confirmar y volver a confirmar una información cuando hace una investigación, para poner en evidencia algún caso de corrupción y abuso de parte de las autoridades.

Lo cual no ocurrió con una supuesta periodista que el pasado jueves, durante la conferencia de prensa del pueblo, acusó, sin pruebas de por medio, a la Iglesia Cristiana El Buen Samaritano, en Zimapán, Hidalgo, de que lleva a menores de edad a retiros espirituales para abusar de ellos. Situación que carece de total sustento.

Dicha reportera ni tuvo la mínima atención de confirmar sus afirmaciones con nadie y sin argumento válido, expuso la mentira en cadena nacional a la Jefa del Ejecutivo Federal, quien bien hizo no engancharse en un asunto tan turbio.

La Iglesia en mención ya emitió un comunicado oficial para desmentir cada uno de los infundios, y ahora, junto con varios pastores cristianos de Hidalgo, se están organizando para tomar las calles del estado y del Zócalo de la Ciudad de México para exigir una disculpa pública por sus mentiras.

Sin embargo, le daré a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo de asesores políticos y de comunicación social un contexto del origen de esta campaña mediática fallida, que desde un principio es ruin y carente de todos los cánones del periodismo.

Este reportero conversó con varios funcionarios de primer nivel del Gobierno federal, quienes tienen identificados a los dirigentes del “Sindicato del Cemento” y un grupo político hidalguense como los artífices de estas acusaciones dolosas y de mala fe, pero en especial, porque son los que están proveyendo de recursos económicos para impulsar este tema, tan despreciable, como ocurrió al tener eco en Palacio Nacional.

¿Pero quién es el Sindicato del Cemento? Es una agrupación sindical que en noviembre pasado intentaron, a través de la presión, bloqueos y con la presencia de hombres armados, obtener todas las licitaciones para el traslado de materiales de mineras que se producen en Zimapán.

Situación que fue impedida por los propios trabajadores de diferentes minas del municipio, quienes se manifestaron exigiendo la intervención de las autoridades para impedir que este sindicato se instalara en Hidalgo, ya que dicho gremio los intimida y extorsiona por medio de hombres armados.

Entonces lo que hicieron es revivir un caso, ya juzgado, por las autoridades ministeriales y judiciales sobre el presunto abuso de dos menores y volver a poner en el ojo del huracán, a quienes los hicieron entonces responsables de estos hechos y que fueron dejados en libertad ante la falta de pruebas, y en especial por tratarse de una calumnia.

Incluso, la propia diputada local de Morena, Anhely Medina, a quien también involucraron en esta farsa, también salió a deslindarse de estos infundios y no solo eso, tacho a los responsables de esta campaña, sin éxito, de sobrepasar los límites de la vileza humana.

“Estos señalamientos, claramente motivados por intereses políticos y económicos, han llevado esta infamia a un nivel aún más alarmante: el uso y revictimización de dos menores para sostener una narrativa basada en mentiras. No hay justificación alguna para utilizar a menores en una guerra de intereses”, escribió la legisladora morenista en una carta pública.

El tema de las niñas ya fue un hecho juzgado, e incluso, ahora se encuentra en tribunales federales, pero es de verdad vergonzoso utilizarlo para atacar a adversarios políticos, sabiendo en todo momento, que existe dinero de por medio.

Lo bueno de todo esto es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no cayó en una trampa política.

 

En Cortito: Nos cuentan que a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, el estado se le convulsiona. No hay día en que el crimen organizado no haga de las suyas ante la fallida estrategia en la materia implementada por las autoridades estatales.

La delincuencia organizada recibió al recién nombrado Fiscal General de Justicia del Estado, Édgar Maldonado Ceballos, con la ejecución de dos agentes de la Policía de Investigación en el municipio de Cuautla. No sólo eso, también un grupo criminal asaltó a 40 personas que estaban cenando en el conocido restaurante “El Ritual”, ubicado en el mágico municipio de Tepoztlán, uno de los principales polos turísticos del estado.

Y ni que decir del secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien no ha logrado revertir la inseguridad en la zona de Cuautla, donde el cobro de piso sigue a todo lo que da y las balaceras se han convertido en el pan de cada día.

La falta de resultados y eficiencia del gobierno de González Saravia ya está provocando irritación social entre los morelenses, quienes ya están cansados de las ocurrencias de la gobernadora y de su deficiente gabinete de seguridad y equipo que a más de 45 días de asumir la gubernatura de Morelos, no cuentan con un proyecto claro y con rumbo en beneficio de sus habitantes.

 

Detienen a cinco huachicoleros en Hidalgo y aseguran seis predios utilizados para almacenar hidrocarburo

Detienen a cinco huachicoleros en Hidalgo y aseguran seis predios utilizados para almacenar hidrocarburo

Se aseguraron 2 mil 770  litros de combustible, cinco armas de fuego, más de 180 dosis de drogas, 11 vehículos y dos unidades de carga.

Producto de trabajos de investigación de campo e inteligencia por parte del Gabinete de Seguridad; elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado de Hidalgo, ejecutaron seis órdenes de cateo en el estado de Hidalgo en predios que eran utilizados para la venta y distribución de  hidrocarburo, además se detuvo a cinco personas.

En atención a denuncias ciudadanas, donde reportaban inmuebles con fuerte olor a combustible que ponían en riesgo a la población, se desarrollaron diversas líneas de investigación sobre robo de hidrocarburo de ductos de Pemex, lo que permitió ubicar seis predios en los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Singuilucan y Santiago Tulantepec, utilizados principalmente para almacenar y distribuir hidrocarburo de manera ilegal, así como la comercialización de diferentes drogas.

Con la información recabada y con los datos de prueba obtenidos un Juez de Control liberó los mandamientos judiciales necesarios para implementar las operaciones. Mediante un despliegue operativo, de manera coordinada, simultánea y en estricto respeto a los derechos humanos, se ejecutaron las órdenes de cateo en los seis inmuebles.

En los predios fueron detenidas cinco personas, una de las cuales tenía una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Asimismo, se aseguraron tres armas largas y dos armas cortas, dos unidades de carga, uno tipo torton y otro tipo pipa, siete camionetas, dos de ellas con blindaje, además de tres vehículos tipo sedan y tres motocicletas, dos de ellas con reporte de robo.

También se aseguraron 47 dosis de marihuana, 137 dosis de cocaína y cuatro dosis de cristal, además

se localizaron diversos indicios utilizados para la extracción de hidrocarburos como maquinaria, una moto bomba, tres tramos de maguera sintética, aproximadamente 2,770 litros de combustible, dinero en efectivo, dos remolques tipo contenedores, un contenedor de capacidad de 36,000 litros, un contenedor con características similares a los que transportan grano.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, en tanto a los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales, el motivo de su detención y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

Cabe señalar que las personas mencionadas en este comunicado se presumen inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la población de combatir los delitos y la impunidad, siempre en estricto apego a los derechos humanos.

Detona Recomendación amenaza a Ombudsperson de Hidalgo

Detona Recomendación amenaza a Ombudsperson de Hidalgo

Inicia Universidad Autónoma de Hidalgo tres denuncias en contra de la titular de DDHH.

Una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo dirigida a la Universidad Autónoma de esa entidad (UAEH) derivó en una serie de actos intimidatorios contra la titular, Ana Karen Parra Bonilla, y su equipo de trabajo.

Hechos por los que la Ombudsperson se vio obligada a tomar medidas de protección para salvaguardar la integridad y seguridad de ella, su familia y del personal que participó en la investigación que dio lugar al referido aviso.

Tras lamentar el estado de vulnerabilidad con el que labora el organismo de Derechos Humanos, Parra Bonilla explicó que no han podido iniciar una denuncia debido a que todos los actos de coacción provienen de redes sociales y número desconocidos.

“Hasta ahorita ha sido hostigamiento en redes sociales, con llamadas, que sabemos que son solamente para intimidarnos, pero eso no va a hacer que bajemos la guardia. Si supiéramos específicamente quiénes y de dónde provienen, ya lo hubiéramos denunciado”, expresó.

Luego de que la CDHEH emitió el 19 de agosto la recomendación R-VG-00012-24 a esa casa de estudios, por hechos violentos cometidos por su personal en contra de estudiantes del Instituto de Artes (IA) el 19 de septiembre de 2023, la Comisión está en un estado de fragilidad.

Esto, a causa de los mecanismos judiciales de los que se ha valido la autoridad de la Universidad con la intención de callarla y mermar el trabajo de defensa en beneficio de las personas, en este caso, de los estudiantes.

Sin embargo, en respuesta a la Recomendación, el 21 de agosto la UAEH informó que iniciaron tres carpetas de investigación, por los delitos de revelación de secreto agravado, abuso de autoridad e infidelidad de custodia de documentos y violación de secretos, en contra de personal de la Comisión y por quienes solicitaron a la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH) la separación del cargo, como medida cautelar.

Dichas acciones, de acuerdo con Para Bonilla, demuestran el desconocimiento de las autoridades universitarias en materia de Derechos Humanos y en el trabajo que allí se realiza, así como de la Ley y el Reglamento que rigen sus funciones, base sobre la cual toman determinaciones para emitir sus recomendaciones.

Además, como órgano autónomo no jurisdiccional, el personal de la Comisión el personal de la comisión será inviolable por lo que nunca podrán ser detenidos, multados, perseguidos o juzgados en razón de la opiniones que manifiesten en el ejercicio de sus funciones. por las investigaciones que realiza sobre violaciones de Derechos Humanos, explicó.

“La metodología que nosotros usamos de investigación es un sistema no jurisdiccional, el jurisdiccional es la procuración de justicia, por eso es incomprensible que un sistema jurisdiccional pueda ser utilizado para amedrentar a personas de Derechos Humanos”, sentenció.

En cuanto al asunto que detonó la Recomendación, abundó, fueron comprobadas las violaciones a Derechos Humanos de los estudiantes y de la comunidad Universitaria, por lo que el actuar de la UAEH es un agravio en contra de su labor como órgano defensor.

Incluso, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), conformada por representantes de DDHH del país, se pronunció el 31 de agosto en contra de las acciones emprendidas por la UAEH pues éstas comprometen y amenazan la independencia de acción de esa Comisión estatal.

“La presentación de denuncias constituye un grave atentado contra la independencia y autonomía de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, pilares fundamentales para la salvaguarda de los derechos y libertades de todas las personas en nuestro país”, expuso en un comunicado.

¿Qué sigue? 

La Ombudsperson comentó que hace unos días la autoridad universitaria solicitó una prórroga de aceptación o no respecto a la Recomendación, la cual vence el lunes 9 de septiembre.

Y como la Comisión es un organismo de buena fe, dijo, espera que la Universidad reflexione, reconsidere y ponga de ejemplo de que en una Casa de Estudios se debe velar por la cordialidad y la dignidad de las personas.

Sin embargo, de no aceptar tiene claro cuál es el camino a seguir con base en la Ley que rige a la esa Comisión estatal, ya que cuentan con la facultad y la obligación de notificar al Congreso local, la no aceptación de la Recomendación y éste tendrá que llamar a comparecer a ambas partes.

“Les dimos los cinco días hábiles de buena fe para que pudiera sesionar su Consejo. Si no se logra que en esos días se dé una aceptación, entonces nosotros saldremos en una rueda de prensa a decir qué es lo que está sucediendo y cuáles son los pasos siguientes”, puntualizó la Comisionada.

“Nosotros (iremos) para explicar al Congreso cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que acreditamos, cuáles son las consecuencias que nosotros observamos y que pueden detonar conflictos sociales, pero sobre todo que puedan poner en riesgo a las y los jóvenes estudiantes”.

Por su parte, detalló Parra Bonilla, la Universidad habrá de explicar, pero sobre todo fundamentar con la ley, una interpretación armónica y no a modo como lo han venido haciendo, a una interpretación lógica, apegada a derecho y no a conveniencia, siempre atendiendo el principio pro persona como se hace en Derechos Humanos.

Y por supuesto, debe fundamentar por qué no están dispuestos a aceptar la Recomendación.

“Aquí no importan las instituciones sino las personas, nosotros nos basamos en procedimientos y tenemos clara convicción en que el respeto a nuestra autonomía es lo que hace que nuestras recomendaciones sean pulcras, que estén bien fundamentadas y que tengan todos los elementos de acreditación a violaciones a Derechos Humanos”.

Destacó que en el extremo caso de que durante la comparecencia la Universidad tampoco acepta la Recomendación, el órgano de DDHH está en la facultad de denunciar.

En cuanto a las víctimas, tienen la posibilidad de impugnar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que por su parte debe revisar el asunto y entonces confirmar la Recomendación o incluso, ampliarla.

De tampoco aceptarla, lo que sigue es llevar el caso ante el Senado y escalar hasta las últimas consecuencias.