
Capturan en CDMX a brasileña acusada de trata de personas en Quintana Roo
Según investigaciones, Débora “N” y su pareja de nacionalidad argentina, Matías Gustavo “N» reclutaban a las víctimas a través de redes sociales
Según investigaciones, Débora “N” y su pareja de nacionalidad argentina, Matías Gustavo “N» reclutaban a las víctimas a través de redes sociales
El ataque ocurrió el 26 de junio de 2020.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó como parte de los procesos penales iniciados luego del atentado contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, donde tres personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas, se sentenció a dos personas más por su participación en el incidente.
El encargado de la Fiscalía, Ulises Lara López, señaló que obtuvo una sentencia condenatoria “superior a 86 años de prisión”, en contra de dos implicados en el atentado -ocurrido el 26 de junio del 2020-, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, así como la compensación del daño, con ellos suman 14 personas sentenciadas por este incidente.
“Las pruebas presentadas por nuestros Ministerios Públicos, y que fueron desahogadas durante el proceso, también permitieron que el Tribunal de Enjuiciamiento impusiera a los sentenciados el pago de la reparación del daño, consistente en la indemnización por muerte y por gastos funerarios.Por lo que hace al delito de homicidio en grado de tentativa, se condenó a los procesados al pago por reparación del daño para cada una de las víctimas, por lo que dejaron a salvo sus derechos para que en la etapa de ejecución acrediten el pago integral”, dijo Lara López.
Alrededor a las 06:38 horas del 26 de junio del 2020, el entonces titular de la SSC-CDMX sufrió un atentado en su contra, en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Monte Blanco, de la colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, mismo en el cual murieron tres personas y cinco más resultaron lesionadas, atacados con cinco fusiles Barret calibre 50, un lanzagranadas, siete granadas de fragmentación, 24 armas largas y ocho armas cortas.
Dos mujeres más lo han identificado como su agresor sexual
En septiembre pasado, se presentó una denuncia por la violación a una mujer de 60 años que fue sometida y arrastrada de la puerta de su domicilio hacia un automóvil, por un individuo que la agredió a golpes y la abusó sexualmente en una zona despoblada de la Alcaldía Milpa Alta.
Fue la familia quien durante dos meses se dedicó a buscar y recopilar las grabaciones de las cámaras de la zona donde el sujeto, quien se ha identificado con tres nombres diferentes: Alfonso “N”, Alfonso “N” y Ricardo “N”, sustrajo a la víctima de su domicilio.
La noche del 10 de noviembre lograron identificar el vehículo tipo Chevy color azul marino con características específicas (luces neón debajo del automóvil, la calavera posterior izquierda rota y un golpe en la parte trasera del mismo lado). Tras ubicarlo los familiares se apoyaron en elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con la intención de resguardar el vehículo involucrado en las grabaciones obtenidas.
Las autoridades se negaban a retener el vehículo, aunque la carpeta de investigación existente señalaba que el mismo se encontraba involucrado en un delito de violación. Motivo por el cual nuevamente, los familiares exigieron su derecho a la libre manifestación, aun poniendo en riesgo su integridad, con un bloqueo de vialidades al grito de “justicia” y exteriorizaron su preocupación a través del único medio de difusión más accesible para ellos, las redes sociales.
Gracias a la publicación de la familia tres víctimas más identificaron al presunto agresor, una de ellas, cuenta con una carpeta de investigación abierta por intento de abuso sexual en la cual identificó los rasgos característicos de su abusador, mismos que coincidían con el fenotipo de quien conducía el vehículo tipo Chevy.
Hasta el día de hoy la familia se mantiene en pie de lucha, puesto que las estadísticas históricas no son esperanzadoras, ya que las mujeres en la periferia suelen ser violentadas con mayor impunidad al encontrase fuera de la centralidad de la justicia. Sin embargo, mantiene los ánimos, puesto que ya son dos carpetas de investigación las que señalan a Alfonso “N”/ Ricardo “N” como agresor sexual.
Así mismo continúan en espera de que se gire la orden de aprehensión correspondiente a los delitos señalados por las víctimas, ante quien podría resultar en un depredador sexual.
En un video conseguido por la familia, se observa que la señora, luego de llegar a su casa y no traer las llaves, está en la calle, caminando hacia su ventana, cuando pasa el sujeto en su auto con luces alógenas en la parte baja, y le ofrece servicio, ella lo rechaza; él entra hacia la calle y sale del cuadro.
En tanto la mujer se acerca a la ventana de su casa -un árbol la tapa de la cámara- y a los segundos se le vuelve a ver caminando otra vez a la entrada; entonces el sujeto camina hacia ella, la sorprende por detrás y la jalonea hacia el automóvil al que la sube a la fuerza.
Las grabaciones obtenidas obran en poder de las autoridades, y se espera que sea consignado en las próximas horas, al ser detenido por los parientes de la mujer.
Ante ello, la familia piden a la población estar atenta a este caso, y sumarse a la solicitud de justicia, ya que el individuo seguía circulando en la zona, sin temor alguno a enfrentar a la autoridad.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que la Fiscalía General de Justicia de Morelos, es una de las dependencias que reciben menores recursos para su operación y la investigación de delitos en el país.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer en su “Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) 2024” que son la Fiscalía General de la República (FGR), así como las Fiscalías de la Ciudad de México y el Estado de México las que han ejercido la mayor cantidad de presupuesto que ha asignado el Gobierno de México en materia de procuración de justicia.
En su informe, el INEGI detalló que a la FGR, el año pasado, se le asignó recursos por casi 19 mil millones de pesos para su operación en la investigación de delitos de alto impacto; mientras que para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fue de ocho mil 367 millones de pesos y de 5 mil 317 millones de pesos para la Fiscalía del Estado de México.
El cuarto lugar lo ocupa la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato con un presupuesto de 4 mil 213 millones de pesos y el quinto lugar es para la del estado de Nuevo León con 3 mil 947 millones de pesos.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que la Fiscalía General de Justicia de Morelos, es una de las dependencias que reciben menores recursos para su operación e investigación de delitos en el país.
La Fiscalía morelense ocupa el número 22 con apenas un presupuesto de 890 millones de pesos, esto a pesar que la entidad se ubica dentro de los estados con mayor índice de inseguridad en México.
El estudio revela que en 2023 se abrieron dos millones 226 mil carpetas de investigación en el país. De este número, la FGR atendió 80 mil 169; mientras que el Estado de México 383 mil 57 ; Ciudad de México, 232 mil 214 y Guanajuato 143 mil 341.
En el caso de Morelos, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió 49 mil 575 carpetas de investigación, la mayoría de ellas relacionadas con delitos de alto impacto como es el homicidio, feminicidio y robo con violencia.
A pesar de esta carga de trabajo, según el INEGI, es la Fiscalía de Morelos es la dependencia que cuentan con menor personal, ya que mientras que Fiscalía del Estado de México cuenta, con 55 unidades administrativas; 112 agencias del Ministerio Público; la de Morelos solo cuenta con 15 unidades administrativas y 79 agencias del Ministerio Público.
En suma lo que el INEGI establece en su documento “Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) 2024, es que tanto la Fiscalía General de la República como las de la Ciudad de México y Estado de México, se llevan el mayor número de recursos públicos para su operación.
El encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, precisó que de acuerdo con las investigaciones, existen todos los elementos que ubican a Juan «N» en el lugar y la hora de los hechos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que todo apunta a que el atentado contra Alessandra Rojo de la Vega, entonces candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc, «podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado».
El encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara, envío un mensaje dirigido a la opinión pública, en el cual respondió a las declaraciones vertidas por dicha alcaldesa electa, quien acusó a la institución de falsear las declaraciones de su presunto agresor.
«Quiero aclarar que el trabajo de esta Fiscalía General de Justicia se basa única y exclusivamente en fundamentos jurídicos, no políticos, es irresponsable asegurar sin pruebas, ni datos comprobables que esta institución falseó o fabricó una declaración…todo apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado», señaló el responsable de la Fiscalía capitalina.
Ulises Lara precisó que de acuerdo con las investigaciones, existen todos los elementos que ubican a Juan «N» en el lugar y la hora de los hechos.
«Lo hemos dicho y lo reiteramos categóricamente, el ministerio público cuenta con elementos de prueba sólidos contundentes para fundar la acusación de que Juan N, disparó sin intención alguna de lesionar a la denunciante y esa imputación está sustentada en evidencia científica, no en dichos, ni mucho menos en alusiones políticas…», apuntó.
Además, que dijo, se cuentan con testimonios del propio imputado, mismas que fueron tomadas en presencia de su defensa en apego a sus derechos humanos, contrario a lo que refirió, señaló Alessandra Rojo de la Vega.