Es investigado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues se habría detectado la compra de un inmueble valuado en 40 millones de pesos
Las detenciones se realizaron tras cateos a las instalaciones de la empresa en Santa Ana Tlapaltitlán.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Claudia “N”, Citlalli “N” y Gloria “N” por su probable participación en el homicidio de siete menores de edad, quienes fallecieron tras recibir atención médica en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM, en Toluca. Se mantienen órdenes vigentes contra al menos dos personas más.
La investigación, iniciada de oficio por la Fiscalía, busca esclarecer los hechos en los que perdieron la vida 13 menores y dos más resultaron con afectaciones durante su atención en distintos hospitales del Estado de México. Entre ellos, se detectaron casos de infección bacteriológica en el Hospital de Ginecología del IMIEM, el Hospital del Niño, el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz” del IMSS Bienestar y el hospital privado Centro Médico Toluca.
Según las indagatorias, los decesos están relacionados con la administración de Nutrición Parenteral Total (NPT) contaminada con la bacteria Klebsiella oxytoca, suministrada a los pacientes por Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V.
Las autoridades determinaron que Claudia “N”, Citlalli “N”, Gloria “N” y al menos dos empleados más omitieron medidas mínimas de esterilización y seguridad sanitaria durante la fabricación de la NPT, provocando el fallecimiento de los menores por choque séptico.
Las detenciones se realizaron tras cateos a las instalaciones de la empresa en Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, donde se recabaron muestras de las mezclas contaminadas y se entrevistó al personal responsable de su elaboración. Durante visitas de verificación sanitaria realizadas por la COFEPRIS, se detectaron graves irregularidades que vulneran la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a mezclas estériles y prácticas de fabricación de medicamentos.
Los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, y se les considera inocentes hasta que un juez determine su responsabilidad. La empresa Safe Productos Hospitalarios, S.A. de C.V. también enfrentará acciones penales y administrativas.
La Fiscalía continúa las investigaciones respecto a las otras seis víctimas mortales y dos menores afectados, a fin de determinar la participación de más personas físicas y morales en estos hechos.
La gobernadora Delfina Gómez acudió al velorio de la menor.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el asesinato de una niña de 12 años en Chalco, Estado de México, está relacionado con actividades de narcomenudeo.
De acuerdo con el funcionario, la menor se encontraba junto a su madre en una vivienda del municipio cuando hombres armados irrumpieron en busca de la pareja de la mujer, presuntamente vinculada con la venta de drogas. El objetivo logró escapar y, en represalia, los agresores dispararon contra la niña.
“La información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionada con narcomenudeo. Cuando llegan los agresores buscando a la pareja, este sujeto se logra escapar, por lo que los agresores matan a la niña”, explicó García Harfuch.
La gobernadora Delfina Gómez acudió al velorio de la menor, identificada como Dulce, tras una gira por la zona oriente del Estado de México. En el lugar, también se refirió al caso de “Fernandito” y aseguró que mantiene coordinación con el Gobierno federal para esclarecer ambos crímenes.
“Tenemos un enlace, agradezco a la presidenta que nos habla todos los días”, señaló la mandataria estatal.
Operaban con complicidad política en municipios mexiquenses.
Siete personas fueron detenidas en el Estado de México como parte del Operativo Libertad, un despliegue conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales para combatir delitos de alto impacto. Las capturas se realizaron el lunes 21 de julio, tras una investigación de tres meses enfocada en una red criminal dedicada al secuestro exprés y la extorsión.
Entre los detenidos figura una regidora municipal, identificada como Yareli “N”, presuntamente vinculada a una organización criminal originaria de Michoacán. Según las autoridades, su papel era clave en la operación: imponía precios inflados en productos básicos y materiales de construcción, al tiempo que obligaba a los habitantes a comprar exclusivamente en ciertos comercios bajo amenaza.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, detalló que el grupo controlaba aspectos fundamentales de la economía local en al menos 14 municipios mexiquenses. “Manipulaban precios, restringían el comercio y limitaban la competencia mediante métodos intimidatorios”, explicó.
La red operaba como un sistema cerrado: comerciantes eran obligados a alinearse con la estructura delictiva o enfrentar represalias. Incluso empresas de paquetería y distribución eran bloqueadas si no contaban con su aprobación.
Durante los operativos, se realizaron cateos simultáneos en 52 establecimientos, donde también se encontraron indicios de delitos contra la salud, incluyendo sustancias prohibidas y equipos de comunicación.
Los otros detenidos fueron identificados como Eli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N”, José Fernando “N” y Gonzalo “N”. Todos fueron trasladados a centros penitenciarios federales, mientras se integran las carpetas de investigación por secuestro, extorsión, asociación delictuosa y delitos económicos.
El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, señaló que se investiga la posible participación de más funcionarios locales. “La infiltración institucional es una línea clave en las indagatorias”, afirmó.
Como medida preventiva, se han instalado puestos de vigilancia y rondines en los municipios intervenidos para evitar que el grupo vuelva a operar. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya ha iniciado contacto con las personas afectadas, ofreciendo apoyo legal, psicológico y acompañamiento.
Cámaras empresariales locales, que ya habían denunciado las prácticas coercitivas, celebraron la acción y exigieron garantías para operar con libertad.
Las autoridades advirtieron que podrían haber más detenciones en los próximos días, ya que la red desmantelada formaba parte de una estructura criminal más amplia, con posibles vínculos financieros y políticos en otros estados.
La CURP Biométrica puede ser un paso hacia el futuro. Pero si ese futuro deja fuera a los más vulnerables, entonces no es progreso: es abandono
