por Dominio Público | Oct 31, 2025 | Opinión, Principales
Al pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) atender la denuncia, y al instruir una revisión nacional de notarías públicas, Sheinbaum marcó un precedente: el Estado no puede tolerar que la corrupción se institucionalice detrás de un escritorio con sello oficial.
Claudia Bolaños @claudiabola
Cuando el Poder Judicial se contamina, la corrupción deja de ser un síntoma y se convierte en un sistema.
El caso del exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, es un ejemplo alarmante de cómo la justicia local puede transformarse en una estructura paralela al crimen organizado. Durante años, Figueroa operó con el blindaje de su cargo, su parentesco y su influencia política, construyendo lo que los propios funcionarios del estado llaman ya “el Cártel del Primo”.
Una investigación reveló lo que por años fue un secreto a voces: una red financiera que movió más de 478 millones de pesos entre cuentas personales, empresas fachada y transferencias trianguladas, con recursos presuntamente extraídos de la Fiscalía estatal, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el ISSSPEA.
El dinero público —el de las víctimas, el de los contribuyentes, el de los trabajadores del Estado— terminó en las manos del fiscal que debía combatir la corrupción.
El modus operandi era tan burdo como eficaz: su sobrino, Aarón Elías Cruz Figueroa, fungía como operador y prestanombres. Con su firma se movían millones de pesos en cuestión de horas, entre cuentas de familiares, subalternos y empresas inexistentes. Las investigaciones indican que las ganancias se disfrazaban en notarías, constructoras y consultorías fantasma. Todo, bajo la cobertura del fuero, del silencio y del miedo.
No es un caso aislado. La captura de las fiscalías locales por intereses políticos o criminales ha sido una constante en los estados. Los ministerios públicos se convierten en escudos de impunidad, las notarías en instrumentos de lavado y las redes familiares en corporaciones del delito. Por eso la respuesta presidencial de Claudia Sheinbaum durante una mañanera no fue un gesto menor.
Al pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) atender la denuncia, y al instruir una revisión nacional de notarías públicas, Sheinbaum marcó un precedente: el Estado no puede tolerar que la corrupción se institucionalice detrás de un escritorio con sello oficial.
“Que actúe la Fiscalía”, dijo, con la prudencia de quien entiende que la autonomía del Ministerio Público no puede ser excusa para la impunidad.
El mensaje fue claro: el combate a la corrupción no puede depender de las fiscalías locales, muchas de ellas cooptadas por los mismos grupos que deberían investigar. La revisión que encabezará Ernestina Godoy, ahora consejera jurídica del Ejecutivo Federal, es una oportunidad histórica para auditar las notarías, donde durante décadas se ha legitimado el desvío de recursos, la falsificación de documentos y la transferencia de propiedades a nombre de prestanombres del crimen.
En Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega sigue siendo notario. Despacha desde la Notaría Pública número 72, el mismo despacho donde —según las carpetas de investigación— se escrituraron propiedades a supuestos operadores del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La pregunta que se impone es obvia: ¿cómo pudo un fiscal que usó la ley para enriquecerse seguir representando al Estado?
La respuesta es tan vieja como el sistema que lo permitió. Porque en México, durante años, la corrupción no se castigó: se legalizó. Se convirtió en trámite notarial, en transferencia bancaria, en sello oficial.
Hoy, que el caso ha llegado hasta Palacio Nacional, el desafío no es sólo procesar a un exfiscal corrupto, sino desmontar la red que lo sostuvo.
Si la FGR actúa y las instituciones federales rompen con esa cadena de complicidades, Aguascalientes podría convertirse en un símbolo: el lugar donde la justicia dejó de ser negocio y volvió a ser servicio público.
De no hacerlo, “el Cártel del Primo” será apenas otro expediente que duerma en un archivero más de la impunidad mexicana.
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por Dominio Público | Sep 12, 2025 | Opinión, Principales
Los cuestionamientos no se limitan al ámbito doméstico. López Portillo es señalado también por su presunta participación en negociaciones internas de la administración estatal.
Claudia Bolaños @claudiabola
Y Sepa La Bola…pero en Tamaulipas, el nombre de José Eduardo López Portillo comenzó a figurar más por su patrimonio que por su labor como asesor del gobernador Américo Villarreal.
La presunta adquisición de propiedades en Morelos y en la Ciudad de México, junto con vehículos de lujo y un proyecto ecuestre en marcha, abrió un debate sobre la procedencia de los recursos que respaldan este crecimiento.
Un elemento que avivó la polémica es la exposición pública que su esposa, Jessie Guerra, hizo en redes sociales.
Fotografías de viajes, estancias en destinos turísticos y estilos de vida costosos alimentan la percepción de que el nivel económico de la pareja no corresponde con el de un asesor gubernamental.
Los cuestionamientos no se limitan al ámbito doméstico. López Portillo es señalado también por su presunta participación en negociaciones internas de la administración estatal, así como por vínculos con actividades relacionadas con el comercio de hidrocarburos.
Estas versiones recuerdan el periodo de campaña de Villarreal, cuando se mencionó el papel de Sergio Carmona en el financiamiento político.
Ante este panorama, la exigencia ciudadana se hizo escuchar. Alejandro Ruiz Martínez, presidente de la Red Ciudadana para el Combate a la Corrupción y la Transparencia, subraya que los organismos de fiscalización no pueden ignorar las denuncias. Su llamado a realizar auditorías claras y controles estrictos refleja la necesidad de un escrutinio real sobre quienes ejercen poder, aun cuando lo hagan desde posiciones de asesoría.
El eco de estas sospechas ha llegado también al ámbito internacional. En Nueva York, el FBI mantiene abierta una investigación sobre operaciones financieras que, de acuerdo con medios en México y Estados Unidos, incluiría el nombre de López Portillo. Si bien no existen documentos oficiales que lo confirmen, la sola mención de autoridades extranjeras basta para colocar el tema en el radar público.
La columna vertebral de la discusión es, al final, la confianza en las instituciones. Si un asesor cercano al gobernador de Tamaulipas exhibe un crecimiento patrimonial que no puede explicar con sus ingresos, la credibilidad del gobierno entero se ve comprometida. Más allá de rumores o filtraciones, el reto está en transparentar y esclarecer con pruebas lo que hoy solo se percibe como opacidad.
Y Sepa La Bola…pero la explosión ocurrida este miércoles en el Puente de la Concordia puso en evidencia un problema que las autoridades han evadido durante años: la circulación de pipas de gas sin controles adecuados ni operadores capacitados, como ocurre con gurpo Tomza y sus múltiples percances.
El saldo es devastador: 8 muertos y alrededor de 94 personas con quemaduras y lesiones que marcarán de por vida a las familias afectadas.
El caso involucra a unidades del grupo Tomza, cuya operación ha sido señalada por priorizar ganancias sobre la seguridad y las personas.
La tragedia demuestra que este tipo de empresas no solo representan un riesgo para el medio ambiente, sino que ponen en juego la vida de comunidades enteras.
La pregunta ahora es qué harán las autoridades. No basta con discursos de condolencia; se requieren sanciones, regulaciones estrictas y un plan integral de transporte seguro. Porque ninguna ganancia empresarial justifica el costo humano de esta catástrofe.
por Dominio Público | Sep 5, 2025 | Opinión, Principales
Lo que permanece es la estructura que permite que, cada sexenio, Pemex sea escenario del mismo guion: corrupción detectada tarde, contratos cancelados después, responsables que rara vez pagan.
Claudia Bolaños @claudiabola
Relojes de lujo, bolsos de diseñador y maletines con efectivo. Así describió el Departamento de Justicia de Estados Unidos la red de sobornos que operó entre 2019 y 2021 en Petróleos Mexicanos. Los contratos, que superaron los 700 millones de pesos, se cancelaron apenas este año, cuando la investigación extranjera alcanzó a exfuncionarios de Pemex y expuso la colusión con proveedores. El gobierno reaccionó con rapidez… pero solo después de que el escándalo traspasó fronteras.
No es un episodio aislado. Detrás de los nombres de empresarios y auditores sobornados late un patrón que ha acompañado a Pemex por décadas: el de las alianzas turbias y la impunidad. Basta mirar unos años atrás. El fraude vinculado a Akron exhibió la complicidad de servidores públicos, que utilizaron su posición para favorecer a particulares. Otra vez, la línea entre lo privado y lo institucional se borró en perjuicio del país.
Si retrocedemos más, nos topamos con Mexicana de Lubricantes: aquella asociación público-privada que devoró cerca de 40 mil millones de pesos. En su momento, se habló de fraude, de evasión y de negligencia deliberada. Sin embargo, Pemex decidió mantener la relación con Mexlub, consolidando lo que analistas llamaron “el crimen perfecto”: una empresa híbrida, sin rendición de cuentas, blindada contra la transparencia.
El hilo conductor es claro. Los nombres cambian, los montos varían y los lujos con que se untan manos pasan de relojes suizos a contratos millonarios. Lo que permanece es la estructura que permite que, cada sexenio, Pemex sea escenario del mismo guion: corrupción detectada tarde, contratos cancelados después, responsables que rara vez pagan.
De los bolsos Louis Vuitton de ayer a los convenios opacos de hace veinte años, Pemex exhibe la misma enfermedad crónica: la captura institucional que normaliza el saqueo. Y la pregunta de fondo sigue intacta: ¿hasta cuándo se atacará la raíz y no solo la rama podrida que asoma en los titulares?
Y Sepa La Bola… pero La publicidad ilegal prolifera en CDMX, ahora en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Pantallas luminosas de Proxymo en Plaza Miyana, Av. Ejército Nacional Mexicano 769, operan sin autorización, generando quejas vecinales.
Estas pantallas violan normas urbanas, provocan riesgos de tránsito, contaminación lumínica y peligros de protección civil para peatones y vecinos. La denuncia pública exige atención urgente.
Y Sepa la Bola… pero Sandra Cuevas continúa acaparando titulares con noticias negativas. Su reciente rodada dominical resultó trágica con la muerte de Emanuel, un joven de 21 años, arrollado por un adolescente imprudente que formaba parte del grupo que la acompañaba.
Las autoridades investigan a fondo el caso, considerando la posible responsabilidad penal de Cuevas. Expertos en justicia penal la señalan como corresponsable solidaria, argumentando que, aunque ella lo niegue, el joven pertenecía a su grupo.
La convocatoria a una rodada sin medidas de seguridad adecuadas, en vías no aptas para tal fin, expuso a los participantes a riesgos innecesarios. Cuevas enfrenta un laberinto creado por su propia imprudencia, con la pérdida de una vida como consecuencia. Ahora debe asumir su responsabilidad y apoyar a la familia de Emanuel, demostrando la integridad que tanto pregona.
